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Colloques | 2007
Redes y prácticas clientelares en el ejercicio del poder: América Latina ayer y hoy. XII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. Santander, 21-23 de septiembre de 2006
Iñigo González de la Fuente

“Quien no tranza, no avanza”: una aproximación etnográfica al clientelismo político en México

[05/01/2007]

Résumés

This is about presenting the first results of the "working camp" that we have doing in two Mexican countries since October 2005. Just in the middle of the campaign of the candidates to the federal Presidency, our main goal is to detect through ethnographic techniques the decisive factors of the political participation and more particularly, the electoral behaviour which is present in the Mexican citizenship. Being this a research to a local level, we aspire to get into the disassion about clientilism with the total security that is given by sharing the daily facts with the political and economical actors from the communities that have been the object of study or research.

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Texte intégral

1. Introducción

1El trabajo de campo que exponemos a continuación se inicia en el veracruzano municipio de Xico a finales del mes de octubre de 2005. Empezaba entonces la época de cosecha del café llevado a cabo por grupos de ‘cortadores’ que cada mañana eran transportados de la cabecera municipal a los cafetales cercanos. La rutina era siempre la misma: citados en la casa del patrón, los campesinos eran llevados en ‘pick-up’ hacia el terruño; raudos accedían a la parte de atrás de la camioneta mientras el cabecilla de ellos se sentaba de copiloto al lado del propietario.

2Semanas más tarde, siendo el mitin en la capital del estado Xalapa de uno de los candidatos a la presidencia de México previo a las elecciones de julio de 2006, presencié el ‘acarreo’ de unos ciudadanos xiqueños al lugar del evento por cortesía del candidato a diputado estatal a través del comité municipal del partido político en cuestión.

3Tratándose de una investigación sobre clientelismo político, la analogía de rutinas no se hizo esperar: teníamos a nuestro patrón-chofer-candidato; reconocíamos a los intermediarios-copilotos-dirigentes_de_comité_municipal; y por último, no era difícil relacionar a los campesinos-acarreados con la figura del cliente.

4Sin embargo, a pesar de que en México pueda partirse del fenómeno clientelar para el análisis del sistema político, la inmersión del texto en una investigación de mayor envergadura la cual trata de construir parámetros comparativos iberoamericanos entre el propio México y España, nos hace obligatoriamente aspirar a generar categorías explicativas de todo tipo de comportamiento político. Igualmente, conociendo que el clientelismo se manifiesta de forma distinta en función del contexto que se utilice, hemos encontrado autores que ven el clientelismo como “uno de los rasgos más persistentes y dañinos de la política”1, autores que defienden su funcionalidad positiva “en cuanto que aproxima al ciudadano al Estado”2, y autores que separan entre relaciones clientelares éticamente correctas y las que lesionan “intereses de terceros con mejor derecho”3.

5Con este panorama teórico, consideramos que se hace necesario un concepto lo suficientemente amplio para reconocer nítidamente toda clase de relaciones clientelares, y concretamente, para categorizar tanto las peculiaridades mexicanas del fenómeno como los hallazgos previos que el autor tiene estudiados en territorio español4. Sin duda, el elemento fundamental de un sistema democrático, en el cual podemos incluir todo tipo de comportamiento de los ciudadanos con el sistema político, es la ‘participación política’.

6Concretamente, tomando la definición que sobre el término realizan Eva Anduiza y Agustí Bosch, consideraremos participación política como “cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados”5. Nos preguntaremos, por tanto, en primer lugar de qué manera se participa y quién participa, para seguidamente, describir pormenorizadamente casos de participación política concretos recogidos principalmente en el municipio veracruzano de Xico y, complementariamente, en Jiquilpan de Juárez, Michoacán; todo ello con la pretensión de llegar a una categorización del comportamiento político de los ciudadanos6.

7Las herramientas de tal reto van a ser las etnográficas, de manera que combinaremos la observación del medio y el diálogo con los principales actores de la vida política municipal, candidatos electorales, militantes de partidos y votantes en general. Asumiendo desde el principio las grandes limitaciones de la perspectiva microanalítica de esta ‘antropología de la participación política’, la consideramos complementaria de los enfoques macrosociológicos e imprescindible a la hora de explicar los fenómenos que influyen en los procesos políticos, en el caso que aquí nos ocupa, el clientelismo.

8En esta línea, la motivación del presente trabajo es señalar el clientelismo político como un fenómeno de todos los ciudadanos, no sólo de los más pobres, tal y como insisten en sus artículos Wayne A. Cornelius, Ricardo Aparicio o Héctor Díaz-Santana entre otros7. Para ello, a manera de hipótesis, queremos ubicar las acciones e interacciones de participación política –entre ellas, las clientelares- como indicadores de pertenencia objetiva de la población a un estrato socioeconómico. Vamos a poner en relación las diferentes formas que se definen como participación política con las diferentes categorías socioeconómicas de ciudadanos que hemos encontrado en nuestro trabajo de campo. No nos va a importar tanto al partido que se vote ni el grado de efectividad que ha tenido la compra o coacción del voto, sino que si precisamente queremos poner el énfasis en el concepto de ‘participación política’, es porque, a fin de cuentas, lo que llama la atención en México no es el color de la papeleta en la urna sino el hecho de las transacciones económicas y los agentes que ejecutan el intercambio de favores por votos.

2. ¿De qué manera se participa?

9El copiloto de Xico fue quien se dirigió al propietario cafetalero para ofrecerle sus servicios y los de “su gente” para trabajar la plantación. Con todos ellos tiene el patrón una relación muy cercana –hasta ha llegado a realizar el ‘corte’ junto a ellos-, más sólo negocia con el interlocutor y es a su familia a quienes obsequia con algún presente en fiestas especiales como la Navidad. A cambio, siempre hay un grupo de adultos y niños preparados para que no se pierda el grano.

10Son votos los que cualquier candidato a presidente municipal o diputado estatal trata de conseguir cuando solicita el apoyo de los líderes locales. Estos arengan a su clientela para sufragar a favor del ilustre personaje ofreciendo quizás una gorra, una lámina o si hay más suerte, una despensa. Lo que se lleva el intermediario no consta en el inventario de la propaganda oficial del partido en cuestión.

11En este apartado, enumeramos y describimos las formas de participación de los ciudadanos con el objetivo de proponer la variable ‘acción política’ la cual, teniendo en cuenta tanto la legalidad como la ‘ética política’ de tales actos y actitudes, nos permita discriminar entre ‘acciones lícitasyacciones ilícitas’.

12Antes de poner nuestro empeño en tal labor, queremos dejar bien delimitado lo que entendemos exactamente por participación política para la mayor claridad de la exposición. Basándonos de nuevo en el texto de Anduiza y Bosch, tendremos en cuenta para nuestro análisis las siguientes ‘acciones políticas’:

1.- votar (en una elecciones o en un referéndum); 2.- participar en la campaña electoral (asistencia a mítines, financiación, trabajar para un partido o candidato, pegada de carteles, visitar domicilios tratando de convencer a otro para que vote de una determinada manera, llevar pegatinas o distintivos de contenido político, etc.); 3.- ser miembro activo y/o participar en las actividades de un partido político o de un grupo, asociación, organización o plataforma de carácter político (sindicatos, organizaciones ecologistas, pacifistas, proderechos humanos, grupos de acción local o comunal, asociaciones profesionales, grupos feministas, etc.): la definición incluye presentarse como candidato para un cargo electivo, excluyéndose expresamente el desempeño de cargos públicos8; 4.- contactar directamente con los representantes políticos sobre cuestiones públicas y los medios de comunicación (pedir audiencias o entrevistas, realizar llamadas o escribir cartas a los periódicos, etc.); 5.- expresar el rechazo a una determinada situación o circunstancia política (participar en manifestaciones, boicotear determinados productos por razones políticas, desobedecer una ley por razones políticas, ocupar un edificio, bloquear el tráfico, hacer una sentada, realizar actos de violencia, etc.)

13Para el caso concreto de México, haciendo valer nuestra experiencia personal, la lectura del articulado de la vigente Constitución y la consulta de numerosa bibliografía, consideramos de suma utilidad para nuestra investigación, hacer énfasis en la licitud de las diferentes acciones que son ejecutadas por los ciudadanos. Nos interesa sobretodo discriminar cada una de ellas hacia dos modalidades de ‘acción política’ teniendo en cuenta tanto la legalidad como la ética democrática.

14Van a ser ‘acciones ilícitas’ todo aquel conjunto de actos y actitudes que sean ilegales, esto es, que sean punibles por el ordenamiento jurídico mexicano; y también serán ilícitas las prácticas que, aún no siendo reconocidas por la ley, vulneren los principios democráticos9 del ‘bien público’ como fin último que ha de tener el quehacer político, y de ‘igualdad entre ciudadanos’ cuando el provecho que uno de ellos obtiene es superior al que hubiera logrado mediante procedimiento equitativo y, por tanto, se perjudica a “un tercero que tendría mejor derecho”10.

15Por otra parte, vamos a llamar ‘acciones lícitas’ al conjunto de actos y actitudes que, más allá de que sean de conformidad de hecho y de Derecho con la ley, sean aceptables y aceptadas en todo sistema político y en cualquier momento histórico. Este acotamiento está formulado bajo la percepción de que la obligación política no se agota en el cumplimiento de la ley. Reformulando los principios igualitarios del párrafo precedente, diremos que serán lícitas las acciones que, no siendo ilegales, aboguen por la defensa de los intereses de la comunidad dejando de lado el provecho personal, y no ocasionen daños a terceros.

16Aunque expondremos gran parte de nuestro material etnográfico en el capítulo 4 del texto, proponemos para la mejor comprensión de la discriminación entre licitud e ilicitud un primer ejemplo de participación política. Seleccionamos una acción concreta, la emisión del voto en las pasadas elecciones federales del 2 de julio de 2006 por parte de dos ciudadanos. Uno de ellos emitió su sufragio presentando su propia credencial; el otro votó con la credencial de una persona fallecida. El primero de los votantes ejecutó una ‘acción política lícita’ en cuanto que se trata de un voto que no vulnera la legislación electoral, es respetuoso con el principio de igualdad y no lesiona derechos de terceros. Nuestro segundo sufragista incumplió el artículo 403 VIII del Código Penal y, por tanto, señalamos la ilicitud de la acción. Si se diera el caso de que el voto del primer ciudadano hubiera sido manipulado mediante intercambio por un bien que no fuese dinero11, a pesar de no ser ilegal, catalogaríamos la acción como ilícita por atentar contra la ética democrática. Igualmente, si pudiésemos demostrar que el delito electoral del segundo ciudadano fue motivado mediante presión o coacción, igualmente diremos que esa concreta emisión del voto es un hecho ilegal y, por tanto, ilícito. Lo relevante hasta ahora es que a lo largo de nuestra exposición, toda ‘acción (e interacción) política’ va a ser discriminada entre ‘acciones lícitas’ y ‘acciones ilícitas’.

3. ¿Quién participa?

17Cada mañana en Xico durante la cosecha del café, los hijos menores de 10 años de los ‘cortadores’ acompañan a sus padres en las labores: apenas ayudan a preparar el almuerzo y recoger algunas ramas para alimentar la cocina de leña de la casa donde malviven, pero van adquiriendo familiaridad con las actividades del ‘temporero’. El padre de dos de ellos lo tiene claro: “no van a poder estudiar porque les necesito trabajando”. En otra entrevista con ese mismo informante, comentaba cómo en su familia de ocho hermanos, desaprovechando los dos primeros la oportunidad de ir a la escuela, los seis siguientes no tuvieron más opción que la de trabajar desde niños por imperativo paterno.

18Trazando la historia laboral de las tres generaciones, el abuelo fue vaquero de un ganadero durante 35 años hasta que fue echado sin ninguna contraprestación económica –jamás conoció contrato ni seguridad social-; nuestro informante es, como venimos contando, ‘cortador’ de café en tierra siempre ajena –oficialmente, nunca ha trabajado-; de los niños ya sabemos que no estudiarán. Todos ellos son para las ciencias sociales firmes candidatos a ser manipulados o coaccionados para votar. ¿De verdad importan las siglas políticas del candidato comprador?; ¿de verdad importa si finalmente la coacción ha sido efectiva? A nuestro entender, desde la comparación, lo extraordinario sigue siendo el hecho en sí de la compraventa de voto con votantes en condiciones de vender y votantes dedicados a comprar.

19En el presente epígrafe, aunque vamos a enumerar y describir hasta tres niveles socioeconómicos entre los ciudadanos objeto de estudio, nuestra intención última para el manejo de la variable ‘ciudadano participante’ va a ser la de tender hacia la diferenciación entre ciudadanos autónomos o ciudadanos dependientes.

20Guiándonos de los conceptos utilizados por los informantes y de nuestra visión de los municipios objeto de estudio, hablamos de ‘ciudadanos únicamente patrones’ (los poseedores de los medios de producción), ‘ciudadanos intermediarios’ (medianos y pequeños propietarios, burócratas, profesionistas o maestros), y ‘únicamente clientes’ (los asalariados, campesinos y trabajadores informales, dependientes en la práctica de alguna de las categorías anteriores)12.

21Más concretamente, vamos a catalogar como ‘ciudadanos autónomos’ a todos aquellos con oportunidades reales y objetivas de ascenso socioeconómico, esto es, que tienen a su alcance los recursos suficientes (ingreso digno; cierto nivel educativo; condiciones institucionales: sueldo, prestaciones, seguridad laboral) como para tener un margen de autonomía lo suficientemente amplio para que sus elecciones sean fruto de su propia decisión. Incluiremos en esta categoría tanto a los ‘ciudadanos únicamente patrones’ como a los ‘intermediarios’ ya que consideramos que los ciudadanos pertenecientes a ambos niveles socioeconómicos tienen siempre la posibilidad de tomar decisiones autónomas, de tal manera que aunque ello les ocasionara perjuicios, sus elecciones frenarían sólo temporalmente la capacidad de ascenso socioeconómico a la que tienen acceso por sus recursos.

22Por otra parte, serán ‘ciudadanos dependientes’ todos aquellos que cuentan con escasas o nulas posibilidades de mejora socioeconómica, es decir, no disponen de los recursos necesarios para no ser dependientes en la toma de decisiones. Su capacidad de elegir se circunscribe a un marco muy limitado de posibilidades, la mayoría de las veces otorgado por los autónomos. Pertenecen a esta categoría los ‘ciudadanos únicamente clientes’ en el sentido de que las oportunidades de ascenso socioeconómico de estos individuos no pasan de una determinada frontera de acciones e interacciones.

23Desde el punto de vista exclusivamente de la participación política, diremos que estos ‘ciudadanos dependientes’, partiendo de que las personas con menos recursos son las menos proclives a participar13, una vez que optan por hacerlo, las actividades y actitudes que ejecutan se limitan a la participación electoral y a la participación inducida por ‘intermediarios’. Aún más, siendo ilícitas las acciones llevadas a cabo, identificaremos a estos ciudadanos como vendedores de voto, acarreados a un mitin o integrantes de actos de protesta liderados por ‘intermediarios’, o lo que es lo mismo, a pesar de la tranza, la mejora socioeconómica es irrelevante o poco relevante en la vida cotidiana de los actores14.

24Los ‘intermediarios’, junto con los ‘únicamente patrones’, serán ciudadanos políticamente autónomos en cuanto que tienen la oportunidad de participar en todas las actividades que incluye nuestra definición. Igualmente, si deciden ejecutar acciones ilícitas, lo hacen porque consideran que les va a reportar beneficios tangibles a corto o medio plazo: les hemos observado comprando votos, dirigiendo comités municipales, financiando acarreos o liderando actos de protesta.

25Finamente, lo que estamos diciendo es que los unos, los autónomos, tienen la opción de decidir a qué juegan en política, y una vez dentro, cómo lo hacen, esto es, si tranzan o intentan ser consecuentes con los principios democráticos. Por otra parte, la capacidad participativa de los dependientes estará limitada a decidir si intercambian o no su voto; el partido que conste en la papeleta será lo de menos. La clave entre privilegiados y no-privilegiados es que una vez que deciden participar lícita o ilícitamente, sus acciones políticas pertenecen a determinadas categorías de ‘acción política’ que les identifican precisamente como ciudadanos autónomos y dependientes.

4. Participar en Xico, Ver. y Jiquilpan, Mich.: una etnografía del comportamiento político en México

26“Uno se mete en política por necesidad, por obligación o por diversión” nos decía el dirigente municipal de uno de los principales partidos mexicanos en Xico: la necesidad de los ‘únicamente clientes’, la obligación de los ‘intermediarios’ (“te obligan los propios campesinos a ser político porque se supone que tienes más conocimiento sobre todo”) y la diversión de los ‘únicamente patrones’.

27En el capítulo que presentamos a continuación, vamos a realizar un recorrido etnográfico por las cinco modalidades de participación política sobre las que hemos acotado el concepto. Dentro de ellas, describiremos las acciones (e interacciones) más significativas y sobre las que hemos recogido mayor cantidad de datos, intentando reconocer en cada una de ellas las variables de ‘acción política’ y ‘ciudadano participante’ que hemos definido en los dos epígrafes anteriores.

28En cada punto, hemos encontrado numerosos casos de todo tipo de comportamiento político: ciudadanos de limitados recursos (dependientes) que tranzan (ilicitud), otros que respetan la ley; y ciudadanos autónomos que igualmente actúan entre lo legal y éticamente correcto o la ilegalidad. La elección de esta manera de exponer nuestro trabajo de campo responde al intento de explorar la hipótesis de que ya las propias acciones políticas identifican a los ciudadanos como dependientes o autónomos.

4.1. Participación electoral: la emisión del voto

29Durante nuestra estancia en territorio mexicano, hemos observado que la acción de la emisión del sufragio es mucho más compleja de lo que en principio podríamos predecir. Nuestro interés está en discriminar entre votos lícitos (legales o éticos) e ilícitos (ilegales o no-éticos), para más tarde señalar el grado de autonomía de los votantes.

30El voto legal es el voto “universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible” (Art. 4.2 COFIPE), que va ineludiblemente ligado a la ética democrática. El voto ilegal es aquel voto que no cumple con los requisitos de la ley y que en México presenta múltiples formas de las que sólo vamos a citar las recogidas por al artículo 403 del ‘Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal’:

Votar más de una vez en una misma elección; hacer proselitismo o presionar objetivamente a los electores el día de la jornada electoral con el fin de orientar el sentido de su voto; obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones; recoger credenciales para votar de los ciudadanos; solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral (compraventa de voto); violar el derecho del ciudadano a su voto en secreto; pretender votar con una credencial de la que no sea titular; transportar votantes pretendiendo coartar su libertad de voto (acarreo); introducir o sustraer de las urnas boletas electorales (urnas embarazadas); etc.

31El voto también es ilícito cuando, no siendo ilegal, no respeta los principios democráticos del ‘bien común’ y de igualdad entre ciudadanos. El caso etnografiado más llamativo se produjo en las elecciones primarias –a las que se supone que sólo están convocados los militantes y simpatizantes- para detentar la candidatura municipal de uno de los principales partidos mexicanos, elecciones que tuvieron más papeletas que las posteriores locales ya que los demás partidos convencieron a sus correligionarios a votar por el “peor” precandidato, el cual a la postre perdería la contienda electoral. A pesar de que votar en las elecciones primarias de un partido por el que no simpatizas no es un hecho no ilegal si lo vamos a tener como ilícito en el sentido de no responder a los principios democráticos (se causa daño indirecto a los “mejores” precandidatos que no lograron asumir la candidatura de su partido mediante voto de sus militantes y simpatizantes).

32Ahora bien, una vez delimitada la acción de la emisión del voto, ésta puede ser ejecutada por ciudadanos autónomos o por ciudadanos dependientes. En primer lugar, desde la autonomía que supone ubicar al individuo en un contexto de equidad y de presencia de oportunidades, hemos encontrado tanto comportamientos lícitos como ilícitos. Contemplamos ciudadanos que deciden tranzar situándose del lado de los compradores en las acciones de compraventa de voto: hallamos ‘únicamente patrones’ financiando esas compras en forma de dinero, despensas o regalos varios a las familias más desfavorecidas económicamente; y encontramos ciudadanos ‘intermediarios’ convertidos en correas de transmisión de tales prácticas de clientelismo con la esperanza de un ascenso sustancial de su economía. A pesar de que entre unos y otros hay grandes diferencias socioeconómicas, tienen en común que ejecutan acciones ilícitas teniendo la oportunidad de obrar lícitamente (las posibles represalias por un comportamiento lícito serían amortiguadas por la suficiencia de sus recursos): la política se convierte en camino rápido hacia objetivos que pudieran conseguir a largo plazo.

33Por otra parte, reconocemos la existencia de ciudadanos autónomos que actúan de acuerdo a la legalidad y moralidad vigentes. Creen en proyectos políticos vinculados a partidos que intenten mejorar socioeconómicamente el total de la comunidad, y consecuentemente votan por ellos. Una de nuestras informantes lo exponía así: “yo estoy abierta a todas las propuestas de todas las tendencias, ya que lo que importa son los proyectos de las personas concretas”.

34Desde la dependencia del ciudadano con escasas o nulas oportunidades de ascenso socioeconómico, igualmente les hay que eligen actuar conforme a las normas sociojurídicas y los que prefieren tranzar para avanzar. Nuestro recorrido por las comunidades objeto de estudio dibuja numerosas ventas de voto y de credenciales por parte de personas dependientes15. También abundan los que se niegan a cambiar el sentido de su voto por unos bienes materiales. La clave de los ciudadanos socioeconómicamente menos favorecidos es que, al igual que en su cotidianidad, sus oportunidades de participación política se ven limitadas a los espacios que los ciudadanos de mayor nivel socioeconómico reservan para ellos: vender el voto, intercambiar su credencial, ser acarreado, ser pagado para ‘embarazar’ una urna, etc.

35A nuestro entender, la necesidad no da como consecuencia la venta de voto: los pobres no venden su voto porque sean pobres16. No son los no privilegiados los que financian campañas ni los que se cambian de partido hasta que les acepten como candidatos. Si esos sujetos tuvieran la oportunidad y lo decidieran así, tranzarían de otra manera. El problema no reside en que el individuo vote finalmente por el partido que le ha coaccionado, sino que pueda darse el lujo de votar sin coacción. Insistimos: la clave es el contexto de oportunidades; la venta de voto está en función del nivel socioeconómico de participación política; venden porque es lo que pueden participar; algunos pobres no lo venden y otros muy ricos compran los votos, que es su forma de participar. Todas estas argumentaciones nos llevaran finalmente a hablar de una cultura “del que no tranza, no avanza”.

4.2. Participación en la campaña electoral: la asistencia a las juntas o mítines

36Hemos observado juntas y mítines de diferentes partidos durante la campaña a las elecciones federales de 2 de julio de 2006 tanto en Xico como en Jiquilpan, buscando sobretodo la licitud o ilicitud de tales acciones. No siendo ninguna de ellas ilegal, si que podríamos considerar como poco éticos los motivos de participación de aquellas personas que fueran tanto a juntas o mítines por la posibilidad de conseguir una despensa, una gorra o ver un determinado baile, en contraposición de aquellos que acuden por motivaciones políticas desde el interés por las elecciones presidenciales hasta para debatir sobre los problemas del municipio.

37Sin embargo, lo más sobresaliente de lo observado es la clara división en los partidos políticos entre dirigentes y base. Los primeros pertenecen mayoritariamente al gremio de los maestros, seguidos por los profesionistas. No se encuentran en las direcciones municipales a los patrones, quienes delegan en estos ‘intermediarios’ el papel de controlar el partido. Por otra parte, los asistentes a las reuniones son en su mayoría campesinos y trabajadores informales, por lo que podríamos apuntar que la acción de asistencia a actos del partido está hecha desde la dependencia. Es igualmente destacable el hecho de que no hayamos detectado ningún dirigente campesino o de escasos recursos, pudiendo hablar claramente de un límite de participación para ciudadanos dependientes.

38El hecho de que los comités dirigentes los formen maestros y profesionistas apunta, unas veces al mayor interés en política de los sectores con mayor nivel educativo, y otras veces la pretensión no-ética de mejorar socioeconómicamente a través de la política (cultura de ascenso social a través de la política: se asume que estando en la política, se avanza más rápidamente hacia ciertos objetivos socioeconómicos). “Queramos o no queramos, entramos en política por un interés”, me comentaba uno de los asesores del candidato municipal de la coalición Partido de la Revolución Democrática (PRD) – Partido del Trabajo (PT) - Convergencia, “pero con la diferencia que el candidato tiene ya mucho dinero y su interés es el de sobresalir, de destacar sobre los demás y que le reconozcan por la calle que un día fue alcalde; por otro lado, yo no tenía trabajo en ese momento y fue mi padre quien me convenció a asistir a las reuniones para ver si encontraba luego algún trabajo”.

39De nuevo, una clara división de acciones entre autónomos y dependientes: los primeros dirigen y organizan las juntas del comité y los mítines de los candidatos, unos representando intereses de facciones, y los menos participando con intención de mejorar su comunidad a través de la política; los segundos se limitan a asistir, unos esperando conseguir alguna prebenda, y los menos participando con intención de influir en el proceso político.

4.3.- Participación en organizaciones políticas: presentarse como (pre)candidato de un partido político

40Nuestros informantes nos han platicado mucho sobre las pasadas elecciones municipales desde las precandidaturas hasta la campaña de la propia contienda local, hasta tal punto que las presentes elecciones generales se consideran como una toma de posición de los sectores que intentarán copar candidaturas en las siguientes municipales.

41En primer lugar, partimos de que todos los candidatos son legales y que lo que diferencia unos de otros es la ética con la que afrontan sus compromisos partidarios. En este sentido, hemos observado dos maneras de presentarse como candidato: les hay que lo hacen porque están convencidos de un programa político o de los postulados ideológicos de su partido, y llegado el caso, una vez en el poder buscarán políticas públicas universalistas en beneficio de todos (éticamente correcto); y les hay que lo hacen representando intereses de facciones movidas por el afán de hacer negocio y que, por tanto, su participación en la campaña se considera una inversión (no ilegal pero, a nuestro entender, ilícita). La cantidad de datos etnográficos recogidos en torno a los candidatos hacen que podamos avanzar una pequeña clasificación al estilo del voto.

42Queremos señalar la existencia de ‘candidatos éticos’, aquellos que teniendo la oportunidad de tranzar, deciden no hacerlo a pesar de las consecuencias negativas que sobre su vida cotidiana va a conllevar tal decisión. El candidato de un partido minoritario en Jiquilpan fue presionado hasta tal punto por ‘intermediarios’ de los partidos mayoritarios que siendo su despacho privado de ingeniero el de más trabajo del municipio, ha tenido que hacerse pluriempleado para sobrevivir debido al boicot de gran parte de la población afín a sus enemigos políticos. Queremos destacar algunas cuestiones sobre este caso: a pesar de que debemos destacar la valentía del ciudadano, no podemos obviar que no todos hubieran tenido la oportunidad de decidir continuar como candidato en el partido minoritario. Estamos describiendo el contexto de un individuo con los recursos suficientes como para poder disponer de autonomía decisoria; esto es, si ya el hecho de que un partido mayoritario le requiera para trabajar junto a ellos le identifica como un ‘ciudadano autónomo’, el hecho de decidir ser fiel a los principios democráticos de su partido minoritario ratifica sustancialmente su autonomía. Al contrario, en el improbable supuesto de que esta situación se hubiera dado en un ‘ciudadano dependiente’, las posibilidades de que éste hubiera aguantado las embestidas de los coaccionadores se hubieran reducido notoriamente y estaríamos hablando del nuevo candidato del partido mayoritario.

43Sin llegar a ser ilegales, hemos encontrado numerosas prácticas censurables democráticamente llevadas a cabo por ‘candidatos ilícitos’. Por ejemplo en Xico se da la curiosa paradoja de que Convergencia, el partido por el que ganó17 el actual alcalde, no tiene comité municipal permanente; de esta forma, al igual que los comités de otros partidos como el PT, el Partido Verde Ecologista (PVE) o el Partido Revolucionario Veracruzano (PRV), Convergencia solamente existe en época electoral. Los candidatos que no han sido seleccionados en sus respectivos partidos, e incluso los que has perdido la liza por la candidatura municipal, agarran estos ‘partidos fantasma’ con tal de acceder al poder. Hasta tal punto llega esta práctica en el estado de Veracruz que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para tener contentos a los precandidatos que se quedaban fuera de la lucha oficial, creó una escisión –el PRV- donde poder ubicarlos electoralmente.

44Todos los casos comentados tienen en común que sus protagonistas, los ciudadanos que se presentan como candidatos, son maestros, profesionistas o propietarios, ‘intermediarios’ entre ‘únicamente patrones’ que financian campañas y los ‘únicamente clientes’ que las respaldan con acciones políticas acordes a su nivel socioeconómico.

45En resumidas cuentas, observamos escasa identificación de los candidatos –y por extensión, de los electores- con los idearios y programas de los partidos políticos. Igualmente señalamos la pertenencia de los ciudadanos candidatos a una cotidianidad de autonomía; es más, en nuestros municipios objeto de estudio, se puede identificar a los candidatos como maestros y profesionistas.

4.4. Participación-contacto: visitas y cartas a los representantes políticos

46Se trata de una modalidad de participación muy utilizada a nivel local por la cercanía física de los actores implicados. Recordando que descartamos expresamente el ejercicio de un cargo público como participación política, la mayoría de acciones que hemos detallado en el trabajo de campo son completamente legales en cuanto que no vulneran la ley pero desde nuestro punto de vista ilícitas ya que anteponen los intereses personales sobre al bien común.

47Sabemos de una militante del actual partido gobernante del estado de Veracruz que escribió personalmente una carta a un gobernador estatal para solicitarle empleo para uno de sus hijos “por tantos años de trabajo a favor del partido” y lo consiguió. Igualmente, conocemos de las dádivas que el actual alcalde de Xico da a quien va a su despacho: “viene la gente al ayuntamiento a pedirle dinero para comer y les da 200 ó 300 pesos de tesorería y, si tiene prisa porque hay mucha gente esperando, se lo da de su propio bolsillo”.

48Del primer caso, sabemos que se trata de una ciudadana autónoma cuyo hijo hubiera conseguido trabajo tarde o temprano –estaba estudiando para ello-; la solicitud personal aceleró el proceso. Los individuos que acuden al alcalde a solicitarle directamente dinero son a todas luces dependientes ya que, a pesar de que lo que aceleran son 4 ó 6 jornales, ello no les supone recurso suficiente como para ascender de nivel socioeconómico.

4.5. Participación-protesta: conato de toma de un ayuntamiento por la fuerza

49El 27 de abril de 2006 presenciamos en el municipio de Xico el intento por parte de un grupo de ciudadanos de diversos sectores descontentos con la gestión del presidente municipal de toma del edificio consistorial. Al no encontrarse en el ayuntamiento ninguno de los actores políticos hacia los que iba dirigida la protesta, la toma se queda en sentada delante de la presidencia municipal.

50Se trata de una manifestación ilícita (se corta la vialidad y se pretende convocar una asamblea para constituir un nuevo poder municipal) llevada a cabo por ciudadanos tanto autónomos como dependientes. Sin embargo, profundicemos en los roles de cada uno de ellos. Los dirigentes de la movilización son miembros del PRD que no pertenecen al comité municipal –están enfrentados- pero que son apoyados por la cúpula perredista estatal: profesionistas de ocupación, logran convencer a varios campesinos de una comunidad cercana al núcleo municipal para tomar por la fuerza la calle principal a la altura donde se ubica el consistorio. Igualmente, se suman a la manifestación un grupo de madres de niños discapacitados, varios comerciantes descontentos con el reciente plan de vialidad y personas a las que no ha llegado el reparto de despensas oficial del ayuntamiento.

51La resolución del conflicto está sembrada de dudas, pero no escapa a la ciudadanía xiqueña que todos los sectores presentes en la movilización salieron beneficiados por la vía rápida. Dejando a un lado la legitimidad de las reivindicaciones de los presentes en el conato de toma, resulta nítido apuntar hacia un nuevo reparto de funciones en los participantes: profesionistas con oportunidades de solucionar sus problemas institucionalmente, optan por la presión y coacción; campesinos y otros grupos económicamente desfavorecidos, ya sea por mostrar su adhesión a los líderes, ya sea por ver la ocasión como una oportunidad de conseguir algún beneficio, optan por ocupar el único rol que podían tener reservado en la acción: ser la fuerza coaccionadora siguiendo instrucciones de los más letrados.

5. “Quien no tranza, no avanza”: cultura política ilícita de clase

52“Todos en México estamos metidos en la mierda; unos hasta los talones; otros como yo (es contratista que cobra el ‘diezmo’) hasta la cintura; y otros como Madrazo (candidato del PRI) hasta el cuello; yo he llegado hasta la cintura y no quiero meterme más (se ha negado a apoyar económicamente a candidatos a cambio de prioridad en la contratación de obras)”. Lo que nuestro informante nos comenta lisa y llanamente, lo reafirma Federico Reyes Heroles: “la gran mayoría de los ciudadanos han incidido, tarde o temprano, en algún acto de corrupción”18.

53Siendo los casos concretos que aquí nos ocupan los de los municipios mexicanos de Xico y Jiquilpan, hemos observado en primer lugar la tendencia de los ciudadanos participantes hacia la ilicitud, no tanto porque ejecuten actos ilegales –que también-, sino por la utilización de la política para el beneficio propio sin importar siquiera si se causa daños a terceros. Entendemos que esta tendencia a la ilicitud es un componente cultural de la mayor parte de la ciudadanía mexicana, componente que nosotros hemos estado describiendo en su dimensión de la participación política, pero que podemos encontrar en el análisis de la gestión pública (el diezmo), el sistema bancario (créditos falsos) o la infracción de tránsito (la mordida), por citar sólo tres áreas que nos ha tocado vivir muy de cerca19.

54Sin embargo, hemos querido hacer énfasis en la significación fundamental del hecho de que la cultura clientelar afecte por igual a ciudadanos autónomos y ciudadanos dependientes: las mismas acciones –ilícitas o no- de participación política identifican a los individuos como pertenecientes a un determinado nivel socioeconómico muy próximo a lo que podríamos catalogar como las clases alta, media y baja mexicanas. Lo importante es atender qué actos corresponden a cada estrato socioeconómico.

55Sin duda, las relaciones clientelares en México son de clase: hasta para ser tranza hay límites de participación. Por tanto, nuestra propuesta versa sobre las identificaciones clasistas que se pueden realizar a partir de las acciones de participación política de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, dime cómo participas (políticamente) y te diré quién eres (o a qué clase social perteneces). Sabemos que en cualquier contexto se pueden generar múltiples niveles identitarios, aunque finalmente apreciamos que son subsidiarios de estructuras socioeconómicas:

56Esta cultura ilícita ciudadana de la tranza es un comportamiento interclasista que se va a caracterizar por la correlación entre las propias modalidades de acción e interacción política y el grado de autonomía (o dependencia) socioeconómica del ciudadano participante. No decimos que todos los mexicanos sean unos tranzas –hay casos de todo tipo de comportamiento político-, sino que una vez que muchos de ellos deciden serlo, el avance va a estar limitado por su propio estatus socioeconómico.

57El clientelismo mexicano nos recuerda la redistribución neoliberal de la riqueza, en el sentido que el negocio de la política alcanza a todos, tal como prometen los neoliberales con el ‘goteo’ capitalista: la clase alta se reparte el gran pastel del tráfico de influencias y controlar los negocios a través de la financiación de los marcas electorales (clases patronales); las clases medias acceden a las candidaturas, a los puestos dirigentes y a una mejora socioeconómica sustanciosa (clases intermediarias); y las clases populares acceden a las migajas del pastel, todo tipo de artículos y dinero por la venta de su voto (y son las clases clientelares).

58En definitiva, creemos que junto a indicadores de ingreso, educación o categoría profesional, podemos afirmar que el comportamiento político en México se muestra como indicador socioeconómico, no porque los partidos representen intereses de clase, sino porque hay límites bien determinados de participación política en función del estrato socioeconómico de pertenencia del individuo.

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Notes

1 A. Schedler. “El voto es nuestro: cómo los ciudadanos mexicanos perciben el clientelismo electoral”, en Revista Mexicana de Sociología, año 66, nº 1, México, 2004, pág. 57.
2 S. Corzo. “El clientelismo político como intercambio”, en Working Papers del ICPS, nº 206, Barcelona, 2002, pág. 36.
3 J. Cazorla. “El clientelismo de partido en la España de hoy: una disfunción de la democracia”, en Revista de Estudios Políticos, nº 87, Madrid, 1995, pág. 37.
4 Se trata de dos trabajos de campo realizados en los municipios de Nava del Rey (Castilla y León) y Valle de Trápaga (Euskadi). Motivadas por tener como objeto de estudio localidades con un comportamiento electoral permanente hacia una única opción política, ambas investigaciones describen una correlación entre voto y determinada identidad sociocultural, de clase para el caso castellano-leonés y étnica para el caso vasco. En lo que aquí nos interesa, decimos que fenómenos como el clientelismo son subsidiarios de la estructura de identidad, de tal manera que si el ciudadano decide ser cliente, lo es del partido con el cual se identifica. Véase I. González de la Fuente. Voto e identidad socio-cultural en un municipio de Castilla y León (Nava del Rey). En A.B. Espina Barrio (Ed.). Poder, Política y Cultura. Antropología en Castilla León e Iberoamérica VII. Recife: Ed. Massangana-U. De Salamanca, 2005; e I. González de la Fuente. La Euskadi electoral: una representación de identidades en conflicto. En A.B. Espina Barrio (Ed.). Conflicto y cooperación. Antropología en Castilla León e Iberoamérica VIII. Salamanca: Ediciones de la Diputación de Salamanca, 2005.
5 E. Anduiza y A. Bosch. Comportamiento político y electoral. Barcelona: Ariel Ciencia Política, 2004, p. 26.
6 Se excluye expresamente del análisis el comportamiento del resto de actores políticos: partidos, elites, cargos públicos e instituciones.
7 En torno al “estudio sobre la participación ciudadana y las condiciones del voto libre y secreto en las elecciones federales del año 2000” que elaboró la sede de FLACSO en México, todos estos autores (véase la bibliografía) olvidan que la venta de voto hace necesaria la presencia de compradores de voto, que al igual que los vendedores, diremos, poseen indicadores socioeconómicos propios. Así por ejemplo, en la acción concreta de compraventa del voto entenderemos que los que tienen oportunidad de comprar votos pertenecen a un determinado nivel social mientras que los que venden su voto, lo hacen por ser esa su única posibilidad de tranzar.
8 Consecuentemente, se excluye de análisis el fenómeno de la corrupción política, el cual incluye en todas sus definiciones la participación en el hecho ilegal de una autoridad responsable de funciones políticas o administrativas.
9 Siguiendo el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos de México de 1917, consideraremos democrática toda acción que persiga “el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (Art. 3º-II-a).
10 J. Cazorla. 1995, pág. 44. También en los artículos 2º-A-VI, 5º, 6º entre otros de la Constitución mexicana.
11 El intercambio del sufragio por dinero es acción directamente ilegal (Art. 403 VI del Código Penal).
12 En este punto, es importante recordar que estamos realizando un análisis local, de modo que los ‘únicamente patrones’ en Xico o Jiquilpan pueden ser clientes de actores políticos de nivel regional, estatal o federal.
13 Se confirma en México que “los privilegiados todavía acuden a las urnas en mayor medida que los no privilegiados” en J. Buendía y F. Somuano. “Participación electoral en nuevas democracias: la elección presidencial de 2000 en México”, en Política y Gobierno, nº 2, vol. X, México, D.F., II semestre de 2003, pág. 315.
14 En el mejor de los casos, tenemos constancia de ventas de voto por 500 pesos, lo cual, siendo el ingreso medio de un campesino de 50 pesos, corresponde al salario de 10 jornadas.
15 Otra cosa es que luego cada uno vote a quien desee en última instancia. Reiteramos que para nosotros el hecho significativo no es el grado de influencia de la coacción y la compra de sufragios en la orientación última del voto, sino la misma acción de compraventa, sea ilegal (votos por dinero) o ilícita (despensas, regalos varios).
16 “¿Son amorales los pobres?”, se pregunta A. Schedler en su artículo (págs. 62 a 71): para este autor “las necesidades no dejan sitio para la elección”. Entonces, ¿cómo explicar los comportamientos ilícitos de los no-necesitados?; ¿no habrá que interrogarse igualmente sobre la moralidad de los ‘compradores de voto?
17 A día de hoy, el alcalde ha dejado de pertenecer oficialmente a Convergencia para pasar a denominarse ‘independiente’. La vox pópuli es que está trabajando para el PRI. Idea de estos partidos como marcas electorales para uso de las elites que se fraccionan.
18 F. Reyes Heroles. Corrupción: de los ángeles a los índices. México D.F.: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2003, p. 9.
19 Resulta harto interesante comprobar la ‘naturalidad’ con que muchos de nuestros informantes relatan episodios fraudulentos de los que fueron protagonistas, lo que da muestra de su asunción como prácticas ‘normales’ o ‘tolerables’ validadas por la cultura dominante. Brevemente, hemos hablado tanto con políticos como con contratistas y ambas partes reconocen la existencia generalizada del ‘diezmo’ o décima parte del valor del contrato que se queda el gestor público por conceder la obra al empresario de turno; hemos hablado con empleados de banca que han tenido que abandonar su trabajo debido a que no avalaban créditos falsos como aquel que se compró sus propias vacas; y no digamos lo extendido de la ‘mordida’ o pago a los agentes reguladores del tráfico cuando se comete (o no) una infracción: hasta tal punto es de uso generalizado, que una vez que has pagado una ‘mordida’, los propios policías te dan una contraseña por si te detiene otra patrulla cercana.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Iñigo González de la Fuente, « “Quien no tranza, no avanza”: una aproximación etnográfica al clientelismo político en México », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 05 janvier 2007, consulté le 27 juin 2017. URL : http://nuevomundo.revues.org/3191 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.3191

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Auteur

Iñigo González de la Fuente

Universidad de Salamanca. E-mail: igdlf@usal.es

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