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Alejandro García

Crímenes de Estado y experiencias postraumáticas: Argentina y Colombia en perspectiva

[06/07/2009]

Résumés

Tras siete años criminalidad institucional en Argentina y veinte de genocidio para-institucional en Colombia se abrieron, en ambos países, procesos judiciales con los que se pretendió esclarecer la verdad, ofreciendo justicia y reparación. La comparación de estas dos experiencias nos remite no solo a la particularidad de sus recorridos históricos sino esencialmente al papel que la violencia jugó en los procesos de modernización y por tanto a los alcances y límites de los procesos postraumáticos puestos en marcha en ambos escenarios.

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Notes de la rédaction

Texto presentado en el seminario “Histoire et anthropologie du monde ibérique » (EHESS), El Colegio de España, 28 de abril de 2009.

Texte intégral

1Abordar dos experiencias, insertas en el ámbito occidental, como son los casos de Argentina y Colombia, ahondar en sus recorridos históricos, indagar en la génesis de sus conflictos sociales, relatar sus rituales de terror, examinar las leyes y procesos con los que se pretendió curar y reparar, y sobre todo señalar el impacto que la memoria del trauma generó en la población civil, son requisitos imprescindibles para saber mas y visualizar mejor. Lo aleccionador de los casos que tratamos es que aunque Colombia y Argentina comparten contexto geográfico, civilización y lengua, inserción medular en Occidente y ambos han vivido experiencias criminales con asesinatos masivos operados por instituciones públicas (directa o mediadamente), los procesos de justicia y reparación desplegados en uno y otro país se sitúan en las antípodas.

  • 1 El historiador Gonzalo Sánchez ha señalado que la ausencia de un verdadero proceso de reparación (...)

2Frente a la trayectoria colombiana no es difícil ser escéptico cuando se constata que, no ya el uso de la violencia, de la eliminación masiva de quien se considera oponente, ha sido una práctica normalizada por el uso y alentada de facto por el Establecimiento, sino que históricamente nunca se ha abordado un proceso reparador que fuera algo mas que una maniobra táctica. Y cuando se ha hecho ha sido, o bien para ganar tiempo legitimando conquistas obtenidas a través de la violencia (creación del Frente Nacional en1958 y ley de amnistía posterior1), o como en el último episodio (Ley de Justicia y Paz de 2005) para desmontar, a costa de una amplia impunidad, el gigantesco ejército de civiles armados, autonombrado como Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), que a nombre de la democracia y de la defensa del orden ha asesinado en sus 20 años de existencia probablemente a 100.000 civiles. Y es ante los límites de una Justicia incapaz, ante el inevitable fatalismo que provoca el episodio colombiano, donde adquiere relevancia la experiencia de la Argentina, de su largo y tortuoso proceso para hacer justicia, de sus avances y retrocesos, de sus exploraciones en el ámbito penal, a veces contradictorias pero siempre en maduración. Y ello en un contexto social –o quizá producto de él- en el que durante 20 años la búsqueda de verdad, justicia y reparación, a pesar de, o contra la, clase política, se convirtió en piedra de toque de la profundización democrática. Con la histórica sentencia de la Corte Suprema de la Nación que, en 2005, ratificaba la nulidad de anteriores leyes de amnistía y de hecho traspasaba a la Justicia ordinaria todos los procesos penales, abiertos y por abrir, vinculados al exterminio operado por la Junta Militar entre 1976 y 1983, la Argentina se constituía en un referente mundial de reparación postraumática. No había en el mundo antecedentes de algo similar. Si en Nurenberg (Alemania) un tribunal militar de vencedores juzgaba a un reducido número de criminales de un país vencido, en La Haya (Holanda) o en Arusha (Tanzania) sendos tribunales internacionales, de excepción, eran dotados de competencias para juzgar en lejanía a responsables de genocidios locales.

3Comprender los dos procesos aquí tratados requiere ensayar sus recorridos, enfatizando la narración histórica, y recreando los contextos dinámicos en los que la violencia funcionó como instrumento por excelencia. Si el caso argentino nos remite a un periodo mas o menos concreto, que comienza con el golpe de estado de 1966, adquiere densidad en 1974-1976 y llega a pandemonium en 1976-1980, en Colombia, a lo largo del siglo XX, la violencia estuvo siempre asociada a su dinámica evolutiva, especialmente notoria desde el asesinato en 1948 del líder político J. E. Gaitán -coincidiendo con la generalización de las redes de información – cuando comienza una guerra social, de profunda intensidad en la áreas rurales, alargada hasta el presente y que probablemente se ha llevado mas de medio millón de vidas.

  • 2 Herbert Braun ha descrito con agudeza las líneas de continuidad que vinculan a las FARC con La Vi (...)

4Como sobreviviente de todas ellas el viejo jefe guerrillero Manuel Marulanda escenificaba la lógica de los perdedores cuando en el desplante a su cita de 1999 en San Vicente del Caguán con el presidente Pastrana (en el contexto de los acuerdos de paz Estado/FARC) enumeró, en un carta que alguien leyó en su ausencia, los infinitos agravios padecidos desde 1948, no solo por él y su gente sino por la población campesina en general, las persecuciones a las que el Estado los había sometido desde los hechos de Marquetalia en 1964, la criminalización de sus vidas en los confines selváticos, y ello sin haber recibido jamás una palabra que reconociera sus sufrimientos ni voluntad de restituirles lo perdido2. Y es que como García Márquez desde la metáfora y Camilo Torres desde la sociología señalaron, la violencia en Colombia fue compañera natural en el proceso de acumulación económica y modernización productiva, además de blindar el duopolio político liberal/conservador. Los 250.000 muertos de La Violencia en la década de los cincuenta y los millones de desplazados que generó, acabaron reorganizando la geografía económica, expulsando demografía sobrante y concentrando recursos productivos, modernizando sectores agrícolas y en definitiva integrando al país, de manera sui generis, en el proceso mundial de expansión y modernización de ese tiempo. Por otra parte tras el fin de las matanzas las cúpulas liberales y conservadoras, que en su tiempo las habían instigado y ahora mediante un pacto mutuo las detenían (1958), se dispusieron a presidir un orden político renovado, fundado en el monopolio conjunto del poder.

5Veinte años después un nuevo ciclo de violencia comenzaba y, como en los años cincuenta, acababa colonizando todos los rincones del país, capilarizando, también como antaño, el conjunto de las relaciones sociales. La violencia no se presentaba ahora bajo el formato de la vieja disputa liberal/conservadora sino como el instrumento de una contrarreforma política y económica que reacomodara el viejo orden ante los nuevos cambios. A principios de los años ochenta, la progresiva presencia que las guerrillas habían adquirido en las áreas rurales y la aparición de un nuevo movimiento político de la izquierda, la Unión Patriótica, enfrentado al tradicional monopolio dual y con arrastre creciente en sectores urbanos, desencadenó el siguiente ciclo de la violencia. Entre 1986 y 1990, 2500 aspirantes a cargos electos por la UP fueron asesinados así como cuatro candidatos que aspiraban a la presidencia en las elecciones de 1990 (J. Pardo y B. Jaramillo, de la UP, C. Pizarro del M 19 y L. C. Galán del partido liberal). La Unión Patriótica fue deshecha.

  • 3 Claudia López y Mauricio Romero Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos (...)

6Pero lo que ocurrió en las zonas rurales, sin taquígrafos que anotaran ni prensa que informara, fue mucho peor, se trató de un verdadero genocidio presentado como “limpieza de subversivos”. El nuevo formato de contra-subversión paramilitar nació experimentalmente en la región del Magdalena Medio en1983 pero acabó por expandirse como modelo al resto del país. Protegidos por el Ejército Nacional y surtidos de información por sus servicios militares de inteligencia, adiestrados por militares israelíes y británicos, armados por los terratenientes locales, financiados por la mafia del narcotráfico y tolerados o aplaudidos por el poder, la prensa e incluso por parte del sector judicial, fueron creándose contingentes de civiles armados que a fuerza de masacres y derroche de terror simbólico acabaron por imponer su dominio territorial en las regiones mas pobladas y ricas de la “Colombia útil”. A los 15 años de su creación estos contingentes paramilitares, o Autodefensas Campesinas como se auto nombraban, habían transformado el mapa social, político y económico de los territorios que fueron conquistando. En paralelo al exterminio de quienes consideraban militantes o simpatizantes de la izquierda, se operó otro formidable proceso de concentración parcelaria y expansión del latifundio agro-exportador, acompañado además de una nueva reformulación política que acabó transformando la nomenclatura partidaria tradicional e integrando en nuevos organigramas electorales a las elites regionales surgidas al amparo del dominio paramilitar3.

  • 4 El representante en Bogotá del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michael Früh (...)

7Cuando en 2002 Álvaro Uribe asumía la presidencia de la república el papel jugado por el paramilitarismo era ya innecesario y su existencia estaba amortizada. Tres años después se ponía en marcha un proceso de desarme y entrega de sus miembros. Efectivamente, en 2005 el Congreso de la República –la mitad de cuyos diputados probablemente debían su puesto a los nuevos señores de la guerra- aprobó un paquete de medidas judiciales (Ley 975/05) conocido como Ley de Justicia y Paz, mediante el cual, a través del concepto de Justicia Transicional, se buscaba reintegrarlos a la vida civil. Pero como los organismos de derechos humanos señalaron, especialmente la oficina local de Naciones Unidas4, la Ley 975 parecía mas bien pensada para homologar, integrar y borrar registros de lo ejecutado, no para esclarecer la verdad, juzgar a los culpables y reparar a las víctimas. Efectivamente, si como preveía la Ley los responsables comparecían voluntariamente en Fiscalía y declaraban de motu propio lo actuado, la pena máxima nunca excedería los ocho años, independientemente de la magnitud de sus crímenes. Si escondían delitos, la Justicia no disponía de recursos para indagar lo silenciado dado lo perentorio de los plazos de apremio. En cuanto a la reparación económica, como demostraron los primeros procesos, sería imposible que los victimarios resarcieran a las víctimas dada la complicada maraña de testaferros, ocultamientos y redes de lavado en paraísos fiscales de que se sirvió el entramado paramilitar para ocultar inmensos patrimonios, adquiridos mediante el narcotráfico y la expropiación de bienes y propiedades a sus víctimas. Finalmente el papel de las víctimas y sus familiares quedaba relegado en el proceso, o bien porque les era imposible aportar pruebas concluyentes contra culpables concretos (dado el anonimato colectivo con el que se ejecutaron las masacres o la sistemática desaparición de los cuerpos) o mas sencillamente porque las amenazas de muerte a quienes denunciaban siempre acabaron cumpliéndose. Pero el obstáculo mayor para el proceso reparativo apareció en mayo del 2008 cuando, sorpresivamente, fueron extraditados a los Estados Unidos los 14 jefes paramilitares más relevantes. Allí serían juzgados por delitos de narcotráfico, no como responsables de crímenes contra la humanidad. Las asociaciones de víctimas advirtieron que con la extradición se debilitaba la esperanza de conocer la verdad y mucho más de obtener reparación. Por otra parte -como señalaron entre otros Human Rights Watchs, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Amnistía Internacional- la extradición sellaba la boca a unos señores que empezaban a ser incómodos, dados sus reclamos de promesas no cumplidas así como por sutiles amenazas de conectar un ventilador informativo cuyo contenido habría salpicado, con seguridad, a notorios personajes del universo político, económico y militar que hasta ayer habían sido su protectores.

8Frente a la compleja opacidad que ha contribuido a desnaturalizar el proceso jurídico colombiano aparece un contrapunto en el caso argentino, donde un masivo consenso social acabó con el tiempo por ponerse al servicio ético de quienes durante mas de quince años fueron núcleos acallados y aislados por el poder, de familiares de víctimas reclamando justicia (es notorio el caso de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo). En 1985 un tribunal de Buenos Aires condenó a diversas penas de prisión, tras un histórico juicio, a la cúpula militar gobernante durante la dictadura 1976/1983 (auto nombrada Proceso de Reorganización Nacional), acusados de crímenes contra la humanidad. Ante el reclamo de las víctimas en juzgar no solo a las cúpulas dirigentes sino a todo participante implicado en los crímenes, independientemente del rango, el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, debilitado por una asfixiante presión de los cuarteles, emitió en 1987 la Ley de Obediencia Debida por la que se eximía de responsabilidad delictiva a los militares con grado inferior a coronel. En 1990 el presidente Carlos Ménem (1989/1999) quiso cerrar definitivamente el asunto dictando una Ley de Amnistía que ponía en libertad a los militares condenados en 1985. Para Ménem y su equipo se trataba de olvidar, perdonar y mirar hacia el futuro. Aunque este cierre en falso iba a mostrar un limitado recorrido, porque en 2005 la Corte Suprema declararía finalmente inconstitucional la citada Ley de Amnistía.

9El recorrido que llevó de la clausura de la memoria a la resurrección de las causas penales a partir de 2005 podría ser leído como el resumen medular de la historia argentina reciente. Desde un primer momento las Fuerzas Armadas había asumido sus acciones, responsabilizándose de lo ejecutado, contextualizando la irregularidad de sus métodos en la irregularidad de la guerra que libraban contra “el terror”, pero nunca expresándolo como acto de contrición. Implícitamente indicaban que su acción contaba con un consenso político mas o menos amplio, y que en esencia defendieron un orden cristiano (y elitista) como siempre habían hecho las múltiples veces que los civiles los habían llamado para asumir el poder. A diferencia de las indiscriminadas y anónimas matanzas colombianas, con su carácter primitivo y exhibición de terror, en la Argentina se trató de un proyecto metódico y minuciosamente planificado para extirpar “un maligno tumor”, ejecutado en la invisibilidad, lejos de miradas curiosas y con extrema profesionalidad.

10Desde que el poeta Leopoldo Lugones había anunciado en 1924, ante lo que consideraba una fase decadente en la historia argentina, la inevitable necesidad de la “hora de la espada”, definiendo a las Fuerzas Armadas como el eje estable de la civilización, como la elite aristocrática siempre salvadora ante la disgregación, estas, en íntima complicidad con las oligarquías criollas y las burocracias partidarias, se acostumbraron a apropiarse del poder siempre que lo creyeron conveniente. En 1930 para deshacerse de un “líder incapaz” (Irigoyen) y salvar al país de la crisis. En 1955 para acabar con Perón, a quien el “estúpido pueblo” elegía una y otra vez. En 1966 para blindarse ante un ataque del comunismo local e internacional que preveían inminente. Y en 1976 para salvar la civilización cristiana frente a la subversión. Como se entreveía en las parcas respuestas que el general Videla y el almirante Massera dejaban caer frente a los cargos que presentaba el fiscal Strassera en el juicio a la Junta de 1985, solo ellos, los aristócratas de la espada, eran capaces de hacer el trabajo sucio que la sociedad les encomendaba. Sus sólidas convicciones cristianas y el espíritu de servicio que los animaba, para transitar sin desmayarse por los Establos de Augías, los diferenciaba de vulgares y sádicos asesinos de masas. Pero ¿de quienes querían salvar a la Argentina? ¿qué era la subversión? ¿cuál era el recorrido histórico que había desembocado en un exterminio sistemático?

  • 5 Luis Alberto Romero La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión. Bue (...)
  • 6 César Tcach, “Un final heterodoxo: 126 consignas y cinco hipótesis sobre la violencia”. En C. Tca (...)

11Las interpretaciones ensayadas coinciden en señalar el año 19305 (primer golpe militar en la historia argentina) como el comienzo de la deriva de lo político hacia una lógica de guerra, lo que un ingenioso historiador ha etiquetado como la “lógica del partisano”6. Es decir no se reconoce al oponente ni al Estado si es aquel quien lo usufructúa, mas aún se los criminaliza y se considerará como trampa ideológica cualquier noción de ley, derecho u honor. Los años treinta (conocida como la “década infame”), cuando una compleja alianza de militares, oligarquía agraria, facciones políticas y caudillos locales se repartió poder y dinero ejercitando un corrupto simulacro de comicios periódicos, habrían ejercido una fatal pedagogía para el recorrido posterior del país. Porque, efectivamente, tras el derrocamiento militar de J. D. Perón en 1955, mediante un golpe de estado con “vocación democrática”, los nuevos gobernantes emitían un paquete de disposiciones criminalizando al adversario y a sus seguidores. Con el agravante, ahora, de que en el actor silenciado convergía el 40 % de la masa electoral. Por tanto desde 1955 hasta 1966 las dos elecciones presidenciales que se realizan (en 1958 con victoria de A. Frondizi debido a su pacto con el peronismo ilegalizado y en 1963 con victoria de A. Illia sin que el peronismo, es decir el 35% del electorado, participara) serían, en contraste con el modelo ideal de elección racional y juego limpio, un simulacro de democracia. Un nuevo golpe militar en 1966 (general Onganía) pondría fin a ese simulacro postulando su ambición fundacional y aplicando una metodología hiper autoritaria.

12De cualquier revisión factual sobre el periodo que arranca en 1966 se deduce que la fronda social, que acabaría en cinco años por inundar-incendiar al país, fue una respuesta multisectorial (sindical, política o estudiantil) a un régimen que congelaba libertades, agredía universidades, militarizaba el orden político o dejaba en el desempleo a miles de afectados por reformas estructurales, como fue el caso del cierre de los ingenios azucareros en Tucumán. Fue tomando cuerpo la percepción, progresivamente extendida, de que una dictadura ilegítima y violenta solo podía ser desalojada aplicando la violencia asimétrica de las masas y la lucha de calles. En 1969 Córdoba vivió una semana de insurrección en la que estudiantes y obreros se enfrentaron al ejército. Dos meses después ocurrió lo mismo en Rosario, volvió a repetirse en Córdoba en 1971 y ese modelo de tomas urbanas se extendió por el país en lo que se conocería como “puebladas”, que no eran sino la combinación de presencia de masas y piquetes de autodefensa armados. Para 1972, en la dialéctica de la confrontación política, se había normalizado ya el uso de la violencia como un arma legítima mas. En 1969 el jefe de la CGT peronista había sido asesinado, el año siguiente le tocaría al general Aramburu, dándose con ello a conocer Montoneros (grupo militar del peronismo de izquierda). Cuando en agosto de 1972 fueron fusilados sin juicio, por la Marina, 16 presos de izquierda en la prisión de Trelew la Argentina vivía una guerra anómica en la que la acción armada había asentado legitimidad.

13Si la masacre de Trelew, a pesar del espanto social que creó, encajaba al fin y al cabo en la guerra abierta entre el estado militar y las organizaciones de izquierda, la matanza en el aeropuerto de Ezeiza (junio 1973) entre fracciones peronistas, el día que Perón regresaba del largo exilio, con 13 muertos y mas de 300 heridos, señalaba la deriva ya imparable hacia la vía armada. O lo que C. Tcach denomina -como conclusión a su “lógica del partisano”- el triunfo del “imperio del Golem”. Esto es: si el militarismo había sido uno mas de los varios elementos en el cuadro de una lucha social e ideológica compleja, acabó, como en el Golem, desarrollando poderosos mecanismos internos de reproducción y crecimiento, sometiendo gradualmente a las otras formas de acción a la disciplina y jerarquía militar.

  • 7 La deriva militarista en los sesenta se ha convertido quizá en el hecho histórico mas tratado act (...)
  • 8 La novela de “no ficción” de R. Walsh Operación Masacre, describe los hechos que acabaron con el (...)

14Sin embargo conviene advertir que el triunfo del Golem no descansa en un inevitable fatalismo histórico iniciado en 1930. Como han señalado O. Terán y otros7 la deriva militar de los años setenta tiene razones mas contingentes: además de la fuerte presencia de una historiografía revisionista (Jaureche y H. Arregui por ejemplo) que redimensiona el papel de las vanguardias y las luchas populares del pasado, se normaliza en esos años una concepción iluminista –sea en clave marxista o de teología de liberación- que aliada al foquismo guevarista y a una moral heroica, sostenida en el romanticismo revolucionario, acaba conduciendo a consecuencias catastróficas. Publicaciones de referencia, como la Revista Contorno, habían iniciado a final de los cincuenta un proceso de reflexión en la izquierda, señalando al peronismo como expresión legítima de las mayorías frente a una democracia usurpadora y excluyente asentada en las bayonetas. Escritores de inmenso talento como R. Walsh o F. Urondo escribieron libros de gran éxito cuya conclusión resultaba ser una llamada implícita a las armas. Un escritor moderado como T. Eloy Martinez publicaba igualmente una obra en la que convertía la masacre de Trelew en una llamada a la indignación y… algo mas8. Incluso el distante J. Cortazar en una visita a Buenos Aires tras veinte años de ausencia aportaba lo suyo en la Revista Crisis (junio 1973) reconociendo “Mi ametralladora es la literatura”.

15Como es sabido ni el fin de la dictadura ni el triunfo de Perón en las elecciones de 1973 supusieron el fin de la política armada. Al contrario, una vez fuera de escena el régimen militar verdadero deus ex machina del periodo anterior, la violencia como expresión política e ideológica siguió considerándose un instrumento tan legítimo como antaño. Finalmente la incapacidad de un líder anciano para mediar entre las corrientes del peronismo y su pronta muerte tras 10 meses de presidencia, convirtieron la lucha de fracciones en guerra armada. Guerra que para uno de los actores en liza era la única estrategia, ya posible, para construir la utopía social. Hasta que los “servicios de limpieza” de las Fuerzas Armadas comenzaron a funcionar otra vez en marzo de 1976.

16De ahí que cuando en 1985 se publicó el informe Nunca Mas (conocido como Informe Sábato) sobre los crímenes de la dictadura se observara cierta incongruencia en el tratamiento de las víctimas. Quizá por motivaciones instrumentales fue tomando cuerpo una idea genérica según la cual no era tan importante la biografía política de las víctimas, su inserción dialéctica en el contexto social, como su papel estricto de víctimas. Con este axioma, reiterado en el Juicio a la Junta y alimentado por la literatura y el cine de esos años, acabó por difuminarse la identidad política de las víctimas y el proyecto social que los animaba. De tal modo que durante los “años del olvido”, la actitud de las Madres de Plaza de Mayo, identificándose con el ideario de sus hijos, resultara irritante.

  • 9 Horacio Verbitsy El vuelo. Buenos Aires 1995. A partir de la experiencia judicial con Scilingo, B (...)

17En 1995 coincidieron varios hechos que comenzarían a provocar fisuras en el armazón de impunidad consagrado por la Ley de Amnistía. El primero fue la reapertura de sumarios por la sustracción de niños de madres embarazadas, detenidas y posteriormente asesinadas, que los verdugos había dado ilegalmente en adopción. A ello se le sumó la sorprendente autoinculpación ante el juez Garzón, de la Audiencia Nacional de España, de A. Sicilingo, aviador participante en los vuelos de la muerte (los detenidos eran arrojados al mar en estado de semiinconsciencia9) . También desde el ejército salía por primera vez, de boca de su Comandante en Jefe general Balza, una profunda autocrítica sobre la implicación militar en crímenes contra la humanidad, confrontando implícitamente la Ley de Obediencia Debida, “nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera”. Pero probablemente el hecho de mayor trascendencia a mediano plazo fue la creación ese mismo año de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Y lo fue no solo porque se trataba de una nueva generación que se personaba socialmente como actor, exigiendo una apertura global de los procesos penales, sino porque introducía una nueva mirada, mas libre y menos instrumentalizada, de las víctimas y el contexto en el que existieron. Con H.I.J.O.S. comenzó mas sistemáticamente a ser enfatizado el pasado de los desaparecidos, cuyas biografías y valores los hijos necesitaban conocer. Al restituirles su identidad de luchadores, de activistas de un proyecto social transformador, comenzaba a aclararse lo que, por el papel instrumental de víctimas, se había oscurecido: el hecho de que paralelamente al exterminio de un amplio grupo generacional, o posiblemente como condición necesaria, tuvo lugar en la Argentina una profunda contrarreforma, llamada reforma estructural, que como cirugía de hierro creó secuelas irreversibles. Apostando por un regreso al esquema agro exportador , el régimen militar desmanteló la relativamente robusta instalación industrial del país dejando en el desempleo a un millón de trabajadores, apostando por el capital especulativo, liberando brutalmente los mercados, endeudando a la nación para los siguientes dos generaciones, y engrosando como nunca había ocurrido la marginalidad demográfica de las Villas Miseria.

  • 10 Daniel FeiersteinEl genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, (...)

18De esta nueva relectura del proceso, más holística y compleja, surgían, entre otras, dos cuestiones, la mas inmediata era: si el régimen militar había operado dualmente en sus facetas de represión política y gestión de un programa global ¿qué hacer con los gerentes civiles que habían servido como nomenclatura técnica a la Junta Militar? ¿Había que juzgar al ministro de economía Martínez de Hoz y a otros civiles? Y un segundo aparte: ¿se podría calificar de genocidio lo ocurrido en la Argentina? como sostiene en un denso análisis el sociólogo Daniel Feierstein10. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) definía el genocidio como aniquilamiento sistemático de un grupo específico de población y fue en los debates posteriores de Naciones Unidas donde el concepto quedó acotado a los supuestos de nacionalidad, etnia, raza o religión. Aún así se ha argumentado (B. Garzón entre otros) que el concepto es aplicable, porque lo que se pretendió fue la destrucción parcial de un grupo nacional, en este caso la sociedad argentina, y además porque fue operado desde una matriz religiosa, es decir exterminar a un enemigo anticristiano. Aunque mas allá de la categorización jurídica que se endose al exterminio operado en la Argentina o de la extensión de responsabilidades jurídicas al miembros del sector civil, el traspaso a la Justicia Penal ordinaria de todo proceso relacionado con los crímenes de estado de la Junta Militar se ha convertido, sin duda, en el precedente mas notorio, y replicable, de reparación postraumática a escala universal

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Notes

1 El historiador Gonzalo Sánchez ha señalado que la ausencia de un verdadero proceso de reparación en 1958 explicaría la continuidad en los ciclos posteriores de violencia. Guerras, memoria e historia. La Carreta editores, Medellín 2006, p 58

2 Herbert Braun ha descrito con agudeza las líneas de continuidad que vinculan a las FARC con La Violencia de los cincuenta: “Aves de corral, toallas, whisky… y algo más. Colombia entre el recuerdo y el olvido”, en revista Número, Nº 35, Bogotá 2002

3 Claudia López y Mauricio Romero Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá 2007. Ver también Gustavo Duncan Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Planeta, Bogotá 2006

4 El representante en Bogotá del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michael Frühling, expresaba que la Ley 975, en los términos aprobados por el Congreso, garantizaría la impunidad (El Tiempo 9/4/2005)

5 Luis Alberto Romero La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión. Buenos Aires, Historizar el Pasado 2007

6 César Tcach, “Un final heterodoxo: 126 consignas y cinco hipótesis sobre la violencia”. En C. Tcach La política en consignas. Memoria de los setenta. Rosario, Homo Sapiens 2003.

7 La deriva militarista en los sesenta se ha convertido quizá en el hecho histórico mas tratado actualmente. Al ensayo pionero de O. Terán Nuestros años sesenta (1991) se han añadido muchos más, entre otros: R. Baschetti Rodolfo Walsh Vivo (1994), S. Sigal Intelectuales y poder en Argentina. La década del 60 (2002), B. Sarlo La batalla de las ideas (2002) o C. Gilman Entre la pluma y el fusil (2003)

8 La novela de “no ficción” de R. Walsh Operación Masacre, describe los hechos que acabaron con el fusilamiento clandestino de 18 militares y 13 civiles en 1956 acusados de complot peronista. Los libros de F. Urondo, La Patria Fusilada y de T. Eloy Martínez, La Pasión según Trelew, describen la masacre ocurrida en ese penal en 1972

9 Horacio Verbitsy El vuelo. Buenos Aires 1995. A partir de la experiencia judicial con Scilingo, B. Garzón y V. Romero compusieron un prolijo libro El alma de los verdugos. Barcelona 2008

10 Daniel FeiersteinEl genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, F.C.E., Buenos Aires, 2007.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Alejandro García, « Crímenes de Estado y experiencias postraumáticas: Argentina y Colombia en perspectiva », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Matériaux de séminaires, 2009, mis en ligne le 06 juillet 2009, consulté le 30 mars 2017. URL : http://nuevomundo.revues.org/56428

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Auteur

Alejandro García

Profesor en la Universidad de Murcia. Autor, entre otros, de La Crisis Argentina: 1966/1976 (1994); Hijos de la Violencia. Campesinos de Colombia sobreviven a golpes de paz (1996); Historias del Sahara: el mejor y el peor de los mundos (2002); Los Crímenes de Estado y su Gestión. Dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la Justicia Penal Internacional (2009)

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