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Edwin Cruz Rodríguez

Alejo Vargas Velásquez, Transición, democracia y paz

Universidad Nacional de Colombia-Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Bogotá, 2015, 284 p.
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Alejo Vargas Velásquez, Transición, democracia y paz

Universidad Nacional de Colombia-Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Bogotá, 2015, 284 p.

[22/01/2016]

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Palabras claves :

Colombia, violencia, conflicto, siglo 21
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Texte intégral

1Esta obra, compilada por el profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Alejo Vargas, reúne 12 trabajos de los profesores adscritos al Centro, que examinan desde diversas perspectivas varios de los problemas del período posterior al eventual acuerdo de paz entre las Farc y el actual gobierno de Juan Manuel Santos. En la introducción, el profesor Vargas plantea el concepto de transición para aprehender dicho período. Se trata del intervalo que existe entre el cese de los enfrentamientos armados y una nueva situación que excluye la violencia como medio de hacer política a favor del diálogo y la concertación, al tiempo que sienta las bases para la construcción de la paz y la consolidación de la democracia.

2En el primer capítulo, el politólogo Francisco Gutiérrez analiza las relaciones entre inequidad en la distribución de la tierra y violencia, acudiendo a la bibliografía nacional e internacional sobre el problema. Luego de exponer los problemas que acarrea este espinoso asunto, Gutiérrez plantea cuatro mecanismos que podrían fundamentar dicha relación en el caso colombiano. Primero, el hecho de que el problema demográfico se haya resuelto vía colonización interna más que por la distribución de la propiedad agraria planteó el problema de ausencia institucional del Estado en esos territorios, lo que redundó en desigualdades que no podían resolverse pese a la existencia de un sistema político competitivo, pues no había incentivos para que los políticos del centro llevaran bienes públicos a esas periferias de limitado potencial demográfico y, por tanto, se delegaron funciones en intermediarios regionales que terminaron por ahondar la exclusión y la desigualdad. Segundo, el “capitalismo político”, el hecho de que los derechos de propiedad sean establecidos de acuerdo con criterios políticos genera más desigualdad, pese a producir, también, ciertos canales de movilidad social. Tercero, la provisión privada de seguridad por buena parte de las élites agrarias, que aprovecha la constelación de incentivos de los anteriores mecanismos. Y cuarto, la “miscegenación de élites” legales e ilegales.

3Seguidamente, el también politólogo Marco Romero plantea varios interrogantes sobre la transición en el terreno de la política. Para tal efecto, el profesor reconstruye el contexto político en el que tiene lugar el proceso de paz, caracterizado por el decidido respaldo internacional que contrasta con la oposición a nivel interno, en buena parte agenciada por el uribismo. En las elecciones de 2014 el presidente Santos recibió un mandato de paz, un resultado que permitió la continuidad en el proceso en su segundo gobierno pero que al mismo tiempo plantea incertidumbres respecto de su refrendación, principalmente la necesidad de actuar para legitimar el proceso con medidas de pedagogía y transparencia. Posteriormente, el profesor Romero se cuestiona por las consecuencias potenciales de la terminación del conflicto, en una sociedad donde ese problema ha acaparado la agenda pública, sobre el sistema político. Un escenario que plantea la necesidad de generar coaliciones que respalden el proceso y permitan construir arreglos institucionales para afianzar la paz a largo plazo, aprovechando los temas emergentes cuando el conflicto deje de ser el problema central y la dinamización de la competencia política por el ingreso de actores distintos a los tradicionales. Finalmente, el autor examina el preacuerdo sobre participación política y las reformas políticas necesarias para optimizar la representación, la articulación de intereses entre lo local y lo nacional, y asegurar el pluralismo.

4En el tercer capítulo el politólogo David Roll presenta varios “mitos” sobre los partidos políticos y se esfuerza por refutarlos con miras al acondicionamiento institucional en el posconflicto. Primero, según Roll, no se puede prescindir de los partidos y no es cierto que estos estén en decadencia en el mundo. Segundo, los partidos no están en crisis y, por el contrario, en la mayoría de los países se sigue apostando por ellos. Tercero, los gobiernos de izquierda en América Latina han demostrado que es posible que la izquierda llegue al gobierno por cauces institucionales. Cuarto, la idea de que los líderes guerrilleros no pueden conformar partidos y devenir en políticos profesionales no se sostiene de cara a los procesos políticos contemporáneos en el mundo y en América Latina.

5Seguidamente, el historiador Carlos Medina Gallego reflexiona sobre lo que denomina “la construcción de las subjetividades colectivas”, la cultura política, a partir de los conceptos formulados por Chantal Mouffe, quien sostiene que el rasgo ontológico de lo político es el conflicto, el cual no puede erradicarse de las relaciones sociales. Sin embargo, en el nivel óntico, de las prácticas, instituciones y discursos concretos, ese conflicto puede expresarse cuando menos de dos formas: como relación con un enemigo absoluto, o antagonismo, al que sólo cabe destruir, o como relación con un adversario, un otro legítimo al que se puede respetar y con el que se puede convivir. Para Medina, en Colombia es necesario transitar desde una subjetividad fundada en la enemistad, que niega al otro como ser distinto, propia de la guerra, hacia una cultura fundada en el reconocimiento y el respeto por el otro. En particular, ello se traduce en la superación de la cultura del odio y la venganza y, a nivel institucional, en el respeto y promoción a las distintas formas de oposición política.

6En el capítulo quinto, el experto en medios de comunicación, Fabio López de la Roche, analiza los desafíos que el proceso de paz plantea a los medios de comunicación y al periodismo colombiano, y los retos que el mismo proceso implica para las culturas políticas de derecha y de izquierda. Por una parte, la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, particularmente la televisión luego de la transición del sistema mixto al sistema privado en 1998, impone grandes limitaciones al debate público y la formación de opinión pública, por lo que en el contexto del proceso de paz los grandes medios expresan tanto los intereses económicos de sus propietarios como la polarización e intolerancia, en buena medida heredadas del régimen comunicativo que primó durante los ocho años del gobierno de Uribe, caracterizado por la promoción del odio, el militarismo y los valores tradicionales, entre otros, en medio de una mínima independencia de los medios frente al ejecutivo. Por otra parte, el posconflicto reclama una transformación de las culturas políticas de derecha, que se ha intensificado luego del gobierno Uribe, y de la izquierda. De acuerdo con López, se requiere una apertura que pasa por ver los matices de la derecha y de la izquierda, en lugar de reproducir los prejuicios y los lugares comunes.

7En el capítulo sexto el abogado Camilo Borrero brinda elementos para responder: “¿Cuáles elementos discursivos y visuales deberían considerarse a la hora de pensar en ese escenario hipotético de un país que, como dice la propaganda oficial, se prepara para la paz?” (p. 143). Para ello presenta un análisis complejo del papel de los medios de comunicación en la producción de información, la presentación de interpretaciones sobre los hechos y la construcción de opinión pública, tomando ejemplos de las actuales conversaciones de paz entre las Farc y el gobierno. Por ejemplo, plantea una reflexión sobre el papel de los medios en la polarización de la campaña presidencial de 2014 alrededor de los temas de la paz. Según Borrero, este fenómeno permite comprender el descuido de los matices de la información que ofrecen en el que incurren, tanto por intereses mercantiles como políticos, pues el tema de la paz se posicionó en la campaña por la dicotomización de la discusión agenciada por los grandes medios, más que por las apuestas programáticas de los mismos candidatos. De esa situación se infiere que “lo que requiere el posconflicto es una comunicación responsable, no polarizante, variada en las fuentes, contextual, interactiva y respetuosa de sus audiencias. Nada más, nada menos” (p. 165).

8Enseguida, el sociólogo y reconocido especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas, Francisco Leal Buitrago, analiza los desafíos de la fuerza pública de cara al posconflicto. El profesor Leal presenta una reseña histórica de los problemas que la han afectado desde la época de la violencia a la fuerza pública colombiana, examina los factores que condicionan las formas de operar de la fuerza pública de manera permanente, que se han convertido en supuestos incuestionados, y sugiere los cambios que se requieren en estas instituciones para enfrentar el posconflicto. Para el sociólogo es necesario superar la mentalidad militar basada en la distinción entre los amigos y los enemigos que conduce a ver “guerras”, políticas, jurídicas, mediáticas, etc., en cualquier crítica que se haga al estamento. También es perentoria la reducción de gastos y del pie de fuerza militar una vez que se termine la guerra irregular, pero sobre todo el Estado debe por fin monopolizar el uso de la violencia.

9En el capítulo octavo el economista Germán Corredor estudia las implicaciones del giro hacia la minería, que ha experimentado la economía Colombia en el último gobierno, sobre el eventual posconflicto. Para el profesor Corredor, si bien Colombia no es un país minero, sí se nutre de los recursos de exportaciones de minerales. Los departamentos que más reciben regalías, incluso con la reciente reforma, siguen siendo los productores de petróleo y carbón, los cuales continúan siendo afectados por altos niveles de corrupción y falta de control de la compleja actividad minera. Estos problemas, aunados a los efectos socioeconómicos, culturales y ambientales de la explotación minera, han provocado el surgimiento de una cantidad importante de luchas sociales. “El sector minero energético, al tener una importancia estratégica para la economía, el desarrollo y la vida moderna, y al producir a su vez impactos tan negativos para el ambiente y para las comunidades, es un germen natural de conflictividad, más aún en un país en el cual el desarrollo petrolero se ha construido a partir del conflicto y en donde el conflicto se nutre en buena parte de recursos que producen la minería y el petróleo” (p. 190). Por tanto, el posconflicto plantea la necesidad de desactivar esa “bomba de tiempo”.

10En el capítulo noveno la psicóloga y psicoanalista María Clemencia Castro propone un análisis de los retos del conflicto basado en el problema de la reconciliación. De acuerdo con la profesora Castro, la lógica amigo-enemigo propia de la guerra supone necesariamente una ruptura de los vínculos humanos. Por consiguiente, y retomando a Freud, no sólo quienes participan en las batallas o en el ejercicio de la violencia participan de la guerra. De la “efervescencia bélica” también participan intelectuales, científicos, políticos y todos aquellos que se ven afectados por dicha ruptura. “Así, en todo su devenir, una conflagración bélica requiere ser descifrada, no solo en la actuación de los combatientes, sino en los trascendentes efectos que produce en los integrantes de un conjunto social, en su expresión de odio y de enemistad” (p. 195). Los efectos de la guerra, tales como la deshumanización del adversario, se prolongan por generaciones y demandan una tarea de reconciliación. Esta puede entenderse o bien como la reconstrucción del tejido de relaciones sociales o bien como “conciliación” en estricto sentido, la construcción de dicho tejido, allí donde este es inexistente. Ambas cosas pasan por asegurar mecanismos de justicia, perdón y reparación que sienten las bases para la consolidación de la democracia.

11La trabajadora social Claudia Mosquera Rosero-Labbé contribuye con un análisis de las representaciones de las víctimas, que se esfuerza por comprender la multiplicidad de significados que asumen, más allá de la concepción oficial, y por reconstruir los procesos que han llevado a sus organizaciones a establecerse en el centro de la escena política como agentes transformadores que evidencian las deudas del Estado colombiano en términos de justicia social y democracia. Por supuesto, el potencial transformador de las víctimas se ve desafiado por las imágenes sociales que de ellas se han construido por parte de distintos sectores de la sociedad, lo que ha conducido, por ejemplo, al hecho de que sean otros actores los que hablen por ellas o cuando simplemente se tienen prejuicios que concurren en procesos de re-victimización. Ahora bien, la autora sostiene que, pese a su heterogeneidad, las víctimas han pasado por un proceso en el que se constituyen en sujetos políticos con voz propia en la esfera público-política y esto se ha manifestado con fuerza en el actual proceso de paz.

12En el capítulo undécimo el politólogo Luis Hernández, a partir del enfoque para el estudio de las generaciones formulado por Ortega y Gasset y Julián Marías, realiza un análisis generacional de los retos del posconflicto. En efecto, demuestra que la generación nacida entre 1980 y 2016 tendrá que afrontar un conjunto de circunstancias específicas. En el plano externo, un mundo globalizado, con todos los procesos que conlleva en términos de reconfiguración de la economía de mercado, el declive de la soberanía estatal y la crisis ecológica, entre otros. Entre las problemáticas de orden interno, el autor destaca la transición demográfica, un sistema económico basado en la exportación de materias primas y con creciente énfasis en los minerales, la pobreza y la desigualdad en aumento, la abultada cifra de desplazamiento por la violencia y la inseguridad, entre otros.

13Finalmente, el internacionalista Maguemati Wabgou examina varias experiencias de procesos de paz y posconflicto en casos africanos con el fin de extraer enseñanzas sobre la participación de la comunidad internacional que puedan aportar al posconflicto colombiano. Por razones de prudencia hasta el momento la participación de la comunidad internacional en el proceso de paz ha sido limitada. Sin embargo, para Wabgou, en África ha resultado importante la participación de actores como las organizaciones de integración intergubernamental, organismos de la sociedad civil internacional e incluso ciertos Estados, siempre que su accionar se mantenga en los límites de la cooperación y no avance hacia la intervención imperialista. Aunque el nivel de prudencia en la vinculación de actores internacionales al proceso de paz también ha conllevado éxito en algunos casos, para el autor es recomendable vincular a la comunidad internacional en el respaldo al proceso y al posconflicto.

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Référence électronique

Edwin Cruz Rodríguez, « Alejo Vargas Velásquez, Transición, democracia y paz », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Comptes rendus et essais historiographiques, mis en ligne le 22 janvier 2016, consulté le 30 août 2016. URL : http://nuevomundo.revues.org/69010

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Edwin Cruz Rodríguez

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