“Las actividades de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú han tenido, como efecto no buscado, la constitución de una verdadera causa nacional uruguaya en torno a la instalación de la fábrica de celulosa.”
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1François Graña, sociólogo, investigador y docente en la Universidad de la República, Uruguay, lleva adelante una investigación sobre los discursos de los distintos actores sociales directa o indirectamente relacionados con la instalación de la empresa Botnia. Ha entrevistado y analizado el discurso de representantes de la empresa, de los vecinos de Fray Bentos, de técnicos de la Universidad involucrados en la realización de estudios técnicos, autoridades, políticos, sindicalistas… En este sentido, no puede dudarse de que conoce muy bien el “clima” de la población uruguaya en relación con “las papeleras” y el conflicto con Argentina. Ha escrito recientemente un artículo sobre el tema (“Botnia, actores sociales y gobernanza, en V. Palermo y C. Reboratti, Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos, Buenos Aires, Editorial Edhasa, 2007) y prepara una tesis doctoral en la Universidad Jean Moulin - Lyon III sobre esta misma cuestión.
2DM: ¿Cómo es percibida en Uruguay la instalación de la empresa Botnia, y de modo general la instalación de una industria del papel? ¿Existe realmente una problematización de la tensión entre desarrollo industrial e impacto ambiental? Vistas las cosas desde lejos, la sensación es que el Uruguay es un país profundamente afectado por una crisis moral, de sentimiento de pequeñez y de declive, que pierde sus jóvenes, sus técnicos, su desarrollo y sus clases medias. ¿En qué medida la presencia de un proyecto industrial actúa sobre ese plano moral?
3FG: El proyecto de instalación de la empresa finlandesa ha sido visto con buenos ojos por la opinión pública uruguaya. Es notorio que la escala, la magnitud del emprendimiento -tanto en lo financiero como en lo industrial o productivo- es tal, dado el contexto de un pequeño país como el nuestro, que no deja indiferente a nadie. Es cierto que desde muy temprano se levantaron voces de alarma y de cuestionamiento desde las organizaciones ecologistas, que en Uruguay son pequeñas y poco numerosas pero muy activas. Es más, en un primer momento el PIT-CNT, organización sindical unificada que constituye un poderoso actor social, se había expresado críticamente en su Congreso del año 2003 alertando sobre los posibles problemas de contaminación del agua. La industria de celulosa tiene históricamente muy mala prensa en el mundo entero, que arrastra desde la época no tan lejana en que empleaba monóxido de cloro para el blanqueo de la celulosa. En los últimos años, el monóxido de cloro ha sido sustituido por dióxido de cloro, lo que supuso una disminución considerable de la agresividad de los efluentes. En Uruguay, la fábrica de celulosa que abastece de pasta de papel para el mercado interno con su producción de unas 60.000 toneladas anuales, hasta hace unos pocos años empleaba tecnología en base a productos monoclorados, considerada en todo el mundo como obsoleta y altamente contaminante. Por otra parte, el emprendimiento Botnia se presentaba como una oportunidad de empleo directo para muchos miles de trabajadores metalúrgicos y de la construcción durante el tiempo que llevara la construcción de esta mega industria, y de otros tantos empleos indirectos: comercio, transporte, servicios diversos. La dirigencia sindical no podía ignorar un punto tan sensible, que hace a su propia razón de existencia, a la defensa corporativa de los intereses más inmediatos de los trabajadores, es decir de su base social. Esta tensión entre cierta preocupación por el medio ambiente por una parte, y creación –aun temporal- de puestos de trabajo se terminó resolviendo sin duda a favor del segundo término. Y aquí debe decirse que la problemática muy acuciante del desempleo crónico en nuestro país, alimenta sin duda esta autoimagen de país que ha venido perdiendo –al menos en el terreno industrial- la batalla del desarrollo y la creación de empleo. Esta tendencia tiene ya unas cuantas décadas, y ha estado puntuada por el cierre de fábricas, la liquidación de un aparato industrial esmirriado y obsoleto que producía para el mercado interno hasta entrados los años 60. Y en este punto, por otra parte, la empresa finlandesa ha jugado fuerte como actor social influyente. Botnia ha actuado con mucha inteligencia: sus representantes se han preocupado por conocer el contexto social en el que se implantan, han contratado sociólogos, despliegan una cuidadosa política de comunicación de su proyecto, mantienen un diálogo fluido con las autoridades locales de Fray Bentos, han apoyado financieramente obras sociales. Y aquí querría describir brevemente cierto aspecto central de la realidad local. Esta ciudad de no más de 22.000 habitantes vivió una época de relativa prosperidad, signada por la presencia del famoso Frigorífico Anglo que durante un largo medio siglo –entre 1924 y entrados los 70- llegó a emplear hasta 3500 trabajadores. El cierre del Anglo constituyó el fin, sin más ni más, de las oportunidades de empleo en esta ciudad. Numerosos comerciantes que hemos entrevistado, nos decían que el día del cobro de los jubilados del Anglo era el momento más esperado del mes. Nos decía también el jefe comunal de este departamento: “Esta es una población que vivió una época hasta el Anglo y que cuando se termina el Anglo se quedan con esa sensación de que se viene todo abajo y que se termina todo”. De modo que la asociación entre el viejo Anglo y Botnia es inmediata en la percepción de los vecinos del lugar, muchos de ellos nos lo han dicho con todas las palabras: “tenemos de nuevo nuestro Anglo”. Muy simbólicamente, la chimenea del antiguo Frigorífico –ícono de la fábrica moderna- tiene 45 metros de altura, en tanto que la de Botnia con sus 120 metros representa casi el triple... De modo que la instalación de la fábrica de celulosa se presentaba a contrapelo de una realidad histórica marcada por la crisis endémica del empleo y la desarticulación de las industrias tradicionales. Y si bien se sabía desde el comienzo que terminadas las obras de construcción sólo quedarían empleados algunos centenares de trabajadores muy calificados, lo cierto es que este enorme emprendimiento parecía anunciar la reversión de la tendencia histórica.
4¿Cómo se planta el gobierno actual frente al problema? El Frente Amplio gana las elecciones de noviembre de 2004 con el slogan “Por un Uruguay productivo” con el que intenta diferenciarse de los gobiernos anteriores ¿Qué pasa en la izquierda uruguaya cuando deja de ser oposición y comienza a gobernar? ¿Qué margen de maniobra real tiene el gobierno? ¿A qué la comprometen los acuerdos firmados por el gobierno de Jorge Batlle? ¿Qué significaría decirle “no” a Botnia?
5Debe decirse en primer lugar, que la Ley de Forestación aprobada por el Parlamento uruguayo en 1988 –hace muy exactamente veinte años- contó con los votos de absolutamente todos los partidos políticos. Esta unanimidad está lejos de ser casual o episódica. La cuestión de la forestación, y más en general el tema del desarrollo económico nacional, discurre en un terreno discursivo común; mal podríamos entender el virtual consenso nacional que se ha producido en torno al emprendimiento finlandés, si no tuviéramos en cuenta esta singular circunstancia. Me refiero más concretamente a la existencia de cierto lenguaje, de cierta problemática común en torno a la cuestión del progreso, el crecimiento económico, la modernización. En este punto, me atrevo a sostener que tiene lugar en nuestro país algo así como una “convergencia no buscada” entre actores muy disímiles: el movimiento sindical, el empresariado, todo el espectro político partidario. Esta convergencia tiene por centro cierta “ideología del progreso” que reposa sobre tres supuestos fuertemente concatenados o interdependientes. En primer lugar, el crédito indiscutido que tirios y troyanos otorgan –más allá de matices- al modelo de industrialización ofrecido por los países capitalistas desarrollados del Hemisferio Norte; casi nadie discute las bondades de un nivel de desarrollo industrial que nos posibilitaría “ser como ellos” en términos de nivel de vida y de consumo, confort, etc. En segundo lugar –y en estrecha conexión con lo antedicho- se percibe que las aplicaciones tecnológicas empleadas con éxito en los países industrializados, deberían ser igualmente exitosas en nuestro medio; es decir, se las ve como portadoras de progreso en sí mismas, sea cual sea el contexto socio-económico y cultural en el que operan. En tercer lugar, ya nadie ignora que el modelo industrial imperante conlleva “daños colaterales” en términos de contaminación, sobreexplotación de recursos no renovables, desequilibrios climáticos, ecológicos, etc. Sin embargo, parece predominar entre los uruguayos la idea de que se trata de un “mal menor”, un precio a pagar gustosamente a cambio de crecimiento económico y creación de empleo. Es muy común oir decir a los fraybentinos a propósito de los eventuales efectos contaminantes de la producción de celulosa: “antes que morirme de hambre prefiero correr el riesgo del cáncer, ¡de algo hay que morirse!”. Siempre hago mención a los dichos de cierto Ministro de Obras Públicas de la administración anterior que, palabras más palabras menos, declaró “hay veces en que el progreso es contradictorio con la preservación de la naturaleza; pero si tuviéramos el actual desarrollo de los países avanzados, nos las arreglaríamos para solucionar los problemas ambientales”. Es así que planea en nuestro imaginario colectivo la idea de que, tarde o temprano, los efectos indeseables del desarrollo serán minimizados y aun neutralizados por nuevas aplicaciones tecnológicas más performantes. En cuanto al proyecto de un “Uruguay productivo” levantado por el programa con que el Encuentro Progresista llega al gobierno, yo diría que incluye sin lugar a dudas la inversión extranjera. Para este gobierno como para los anteriores, se estimula una política de puertas abiertas al capital proveniente de otros países. ¿En qué se diferencia entonces la izquierda en el gobierno, en este punto? Yo diría que la crítica central que la izquierda ha dirigido a las administraciones anteriores, es la incondicionalidad de tal apertura al capital extranjero. De este modo, no se trataría de abrir las puertas al inversor sin más, sin acordar contrapartidas precisas y controlables. En coherencia con esto, la administración actual se ha preocupado por el seguimiento y control ceñido de la contraparte de las inversiones extranjeras, digamos. Es claramente el caso de las sugerencias de condiciones con que la Dirección Nacional de Medio Ambiente acompañó la autorización del estudio de impacto ambiental hecho por Botnia; esto tuvo lugar muy exactamente en febrero de 2005, días antes de la instalación efectiva del nuevo gobierno resultante de las elecciones de noviembre 2004. Estas recomendaciones fueron inmediatamente elevadas por el gobierno al rango de condiciones, y suponen una extensa lista de exigencias: responsabilización directa de Botnia por una adecuada gestión ambiental, reclamo a la empresa de planes de mitigación, compensación y prevención de riesgos, establecimiento de estándares máximos de emisión de gases y de efluentes líquidos inspirados en normativas europeas, y un largo etcétera. En este sentido, yo diría que nunca estuvo planteado en la izquierda uruguaya –al menos en las mayorías de la coalición- un “no” a Botnia. Hay, claro está, quienes se han opuesto al proyecto forestal y a la instalación de la fábrica de celulosa, pero son muy minoritarios. Hay en este punto muy preciso, continuidad y no ruptura respecto de lo acordado por el ex presidente Jorge Batlle con los inversores finlandeses. Sería erróneo ver aquí una “herencia maldita” o un fardo indeseado, como sí es el caso para una enorme cantidad de áreas en las que el nuevo gobierno está llevando adelante una remoción profunda sin precedentes de toda la gestión del Estado: en la priorización de la educación, la cobertura de salud y seguridad social para los más desprotegidos, en la instalación de un estilo de transparencia y de ética de la función pública, en el saneamiento de las cuentas, en un proceso de auditorías de todas las instituciones públicas que a dos años de gestión sigue dando lugar a juicios por corrupción de funcionarios de administraciones anteriores, etc.
6¿Cómo es percibida en Uruguay la posición argentina y la de sus diferentes actores (gobierno, asambleístas de Gualeguaychú, prensa)? ¿En qué medida el conflicto con Argentina alimentó un sentimiento de tipo nacionalista? ¿Diría usted que el conflicto con Argentina es “funcional” al gobierno, en el sentido de permitirle reunir tras de sí a todo el arco político (sobre todo dentro del FA) y evitarle el trabajo de hacer frente
a otros cuestionamientos de la opinión?
7Yo diría que las actividades de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú –en particular el corte del puente internacional Gral San Martín que une Fray Bentos con Puerto Unzué- han tenido como efecto no buscado, la constitución de una verdadera causa nacional uruguaya en torno a la instalación de la fábrica de celulosa. El sentimiento imperante, en Fray Bentos como en el resto del país, es de indignación ante lo que es vivido como una intromisión en asuntos domésticos. “Es como si mi vecino viniera a decirme qué tengo que hacer en mi casa”, nos decía un fraybentino. Y no se trata únicamente del corte del puente, sino sobre todo del reclamo sin matices de los asambleístas en el sentido de “que se vaya Botnia”, “no a las pasteras”, etc. Digo bien “causa nacional”, es decir, emergencia de un sentimiento colectivo de soberanía agredida que reclama cerrar filas en torno a su defensa; causa nacional que no ha hecho más que consolidar, obviamente, aquel consenso preexistente en torno a las bondades del emprendimiento finlandés, para decirlo rápidamente. Asimismo, es evidente que nada de todo esto habría ocurrido sin la benevolencia –por decir lo menos- de las autoridades de gobierno argentinas. Si cualquier corte de rutas en Argentina, práctica habitual de la modalidad de protesta llamada “piquetera”, merece la intervención inmediata de la policía y aun la represión física, en tres años de práctica de cortes los asambleístas de Gualeguaychú no han sido jamás molestados por los representantes del orden. Sería muy ingenuo pensar aquí en una casualidad, y es claro que los uruguayos interpretan esta actitud oficial benevolente como un apoyo directo a los dichos y hechos de los asambleístas. Benevolencia que se ha visto sustentada expresamente y en numerosas oportunidades, en palabras no sólo de las autoridades locales de la Provincia de Entre Ríos sino también del Presidente argentino y de otras autoridades de gobierno. Es un hecho que el conflicto binacional no ha hecho más que aumentar en estos tres años, salvo momentos esporádicos y fugaces en que parecía abrirse la posibilidad de un diálogo genuino tendiente a limar las asperezas y buscar entre ambas partes una salida negociada que no dejara mal parado a nadie. Esta posibilidad parecería alejarse cada vez más. No podemos ocultar, sin embargo, que la asunción de la presidenta argentina Cristina Fernández en diciembre pasado, quien se ha expresado sobre el conflicto de modo notoriamente más ponderado que su antecesor, ha renovado ciertas expectativas de diálogo. ¿Qué decir, por otra parte, de los aspectos más sustantivos de los cuestionamientos esgrimidos por los asambleístas de Gualeguaychú? Yo diría que han ido perdiendo cada vez más credibilidad, y me refiero por supuesto estrictamente a la percepción del público uruguayo. El contraste no podría ser más brutal. Del lado de Gualeguaychú, los asambleístas en sus manifestaciones públicas esgrimen banderas con lúgubres calaveras sobre fondo negro, pancartas que denuncian la intoxicación, la contaminación y las malformaciones genéticas, en alusión directa a la contaminación que provocaría la actividad de la planta de celulosa. Del lado de Fray Bentos, los vecinos expresan confianza en los monitoreos y controles comprometidos por el gobierno, esperan que éste no sea el último emprendimiento de este tipo, y los más críticos lamentan que haya quedado atrás el período de bonanza pasajera, es decir los dos años que duró la construcción de la planta con varios miles de trabajadores directamente empleados y un movimiento comercial sin precedentes en esta pequeña ciudad. Puede hablarse sin temor a exagerar, de dos percepciones radicalmente encontradas a ambas márgenes del río Uruguay. Veamos un ejemplo entre tantos. En dos oportunidades bien definidas se registraron ciertos olores característicos de la producción de celulosa, que por otra parte ya habían sido anunciados por la propia empresa: en el momento del inicio de la producción, y en cierta oportunidad en que tuvo lugar un accidente provocado por un “error humano”, según voceros de la fábrica finlandesa. Puede imaginarse fácilmente que en un contexto altamente conflictivo en el que no pasaba un día sin que Botnia fuera noticia en la prensa, todos los ojos estaban dirigidos hacia Fray Bentos cuando la planta comenzó a funcionar. En ambas ocasiones, los asambleístas de Gualeguaychú y cierta prensa argentina emplearon expresiones tales como “emanaciones nauseabundas”, “olor a huevo podrido”, etc. Tuve oportunidad de entrevistar a numerosos fraybentinos algunos días después del citado accidente. En un barrio popular muy próximo de las instalaciones, ni uno solo de los vecinos entrevistados percibió el menor olor. En otras partes de la ciudad –notoriamente en el centro- todas las personas afirmaron haber sentido cierto olor a “repollo hervido”, pero ninguna de ellas fue más lejos en expresiones de rechazo, asco, etc.
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« “Las actividades de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú han tenido, como efecto no buscado, la constitución de una verdadera causa nacional uruguaya en torno a la instalación de la fábrica de celulosa.” », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo presente, 2008, [En línea], Puesto en línea el 15 janvier 2008. URL : http://nuevomundo.revues.org//index17333.html. Consultado el 09 mai 2008.
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