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La notion de "victime" : récits, discours et représentations dans les espaces lusophones et hispanophones – Coord. Georges Da Costa et Nadia Tahir
Magdalena Schelotto

La dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985): la construcción de la noción de víctima y la figura del exiliado en el Uruguay post-dictatorial

[10/03/2015]

Résumé

La dictadura uruguaya (1973-1985) forzó al exilio a cerca de 380.000 personas, casi el 14% de la población. El exilio empezó siendo algo temporal en los países vecinos para poder continuar la militancia contra el régimen.
Ser militante supone negar que la militancia los convierta en víctimas. La tortura, la prisión o la muerte son solo consecuencias de esa lucha.
En los años más duros de la represión dictatorial, el exilio deja de ser algo temporal para convertirse en un exilio en países más lejanos y de larga duración.
Pronto, las diferentes organizaciones militantes en el extranjero comprobarán que para denunciar la situación del Uruguay ante organismos internacionales deben modificar su discurso. Será mediante la adopción del lenguaje transnacional de los Derechos Humanos. Su discurso se aleja del lenguaje militante para hablar de víctimas y deja de ver como algo normal las consecuencias humanas de la represión.
En un país donde las asociaciones de víctimas no surgen casi hasta el final del conflicto, el discurso de la diáspora tendrá eco en los primeros reclamos de la sociedad uruguaya durante la recuperación democrática.
A través de una reconstrucción de la evolución del discurso de diferentes colectivos, nos acercamos a la manera en la que la sociedad uruguaya construye un concepto de víctima y cuáles son sus consecuencias bajo una política de Estado del silencio.

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Texte intégral

1Preguntarse por la noción de víctima adoptada por el gobierno de la transición política implica conocer las circunstancias históricas que lo rodean y las medidas adoptadas. En el caso uruguayo es interesante acercase a los reclamos de la militancia en el exilio para ver de qué manera se construye esta noción y los cambios que sufre en su pasaje desde el discurso reivindicativo a su concreción en una política transicional y sus consecuencias a treinta años de la recuperación democrática.

  • 1 Yaffé, Jaime (y otros) La dictadura cívico-militar. Uruguay 1973-1985. Banda Oriental, Montevideo, (...)
  • 2 Decreto del Poder Ejectuvio. 27 de junio de 1973.
  • 3 Demasi, Carlos, (coord.), Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay. Montevideo, Fun (...)

2El golpe de Estado que dio origen a la dictadura cívico-militar uruguaya (1973- 1985) estuvo precedido de una grave crisis política, económica y social1 durante el gobierno de Pacheco Areco (1967-1972) que dejó en evidencia la falta de capacidad por parte de los partidos políticos tradicionales para encontrar salidas viables. El presidente electo Juan María Bordaberry disuelve las cámaras el 27 de junio de 1973 y habilita a las Fuerzas Armadas y a la policía a “adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos”2. De forma previa al golpe, el poder ejecutivo comenzará a utilizar las Medidas Prontas de Seguridad3, previstas en “caso grave e improvisto de conmoción interior” de forma sistemática. En septiembre de 1971 se autoriza la creación de las Fuerzas Conjuntas para que las Fuerzas Armadas y la policía asumieran la “lucha antisubversiva”.

  • 4 Universidad de la República. Investigación sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Urugu (...)
  • 5 Serpaj, Uruguay Nunca Más. Informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985), Serpaj, U (...)
  • 6 Según datos del Museo de la Memoria de Montevideo, Uruguay.
  • 7 Asumimos la periodización propuesta por Luis Eduardo González en 1983, aceptada por la historiograf (...)

3El sistema de vigilancia sistemático de la sociedad uruguaya escapa a las fronteras nacionales e instaura una verdadera “cultura del miedo”. Un ejemplo de ello es el Certificado de Fe democrática que distinguía a la ciudadanía en tres grupos “A”, “B” y “C” según su “grado de peligrosidad” necesario para efectuar cualquier trámite. El grado “C” autorizaba incluso la detención inmediata por parte de las autoridades4. La dictadura trajo consigo el desmantelamiento de las organizaciones sociales y sindicales, su ilegalización, la detención de sus miembros bajo una táctica de tortura sistemática, encarcelamiento prolongado y masivo5 y desaparición forzada o en su defecto, el exilio forzoso. Se calcula que unas 380.0006 personas se vieron obligadas al exilio entre 1963 y 1984 por motivos económicos o políticos, casi el 14% de la población. El período de fuerte represión al que hacemos referencia se inscribe en la etapa “comisarial”7 de la dictadura.

4El 30 de noviembre de 1980 el Gobierno de facto realiza un plebiscito para aprobar una nueva Constitución que institucionalizaba la intervención militar en el gobierno. De forma inesperada el resultado fue la victoria del “no” con 946.176 votos (57%), frente a 707.118 votos (43%) a favor del “sí”. Este hecho va a acelerar el tránsito hacia unas elecciones nacionales con cientos de proscriptos y bajo estricto control de los partidos. El año 1983, previo a las elecciones, estará marcado por las manifestaciones masivas contra la dictadura como la del 27 de noviembre de 1983 convocada por todos los partidos políticos al pie del Obelisco de los Constituyentes de 1830 bajo la consigna: “Por un Uruguay sin exclusiones – Por libertad, democracia y trabajo”. El Pacto del Club Naval culmina el día 3 de agosto de 1984 con la aceptación por parte de los militares de una fórmula de transición. Con el lema “El cambio en paz”, el 28 de noviembre de 1984 las elecciones dieron el triunfo electoral del Partido Colorado (derecha tradicional) con Julio María Sanguinetti como nuevo presidente con el 41,2% de los votos, frente al 35% del Partido Nacional (derecha tradicional) y el 21,3% recogido por el Frente Amplio (coalición de izquierdas).

5Retomando algunos rasgos del exilio uruguayo en Francia, buscaremos reflexionar sobre la evolución de su militancia y de su discurso. A continuación, tomaremos en cuenta el contexto de la transición política para ver en qué medida la sociedad uruguaya recupera el discurso construido por la diáspora y si éste es asumido en las leyes de transición. Por último, haremos referencia a la forma de institucionalización del pasado reciente en Uruguay para analizar la evolución que ha sufrido el tratamiento de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de la dictadura? ¿Han cambiado? ¿Quién enuncia a las víctimas? Estas son algunas de las preguntas a las que intentamos dar respuesta mediante un acercamiento a la manera en la que la sociedad uruguaya construye una noción de víctima y cuáles son sus consecuencias bajo las políticas desarrolladas por los gobiernos sucesivos respecto del pasado reciente.

Vivir cerca estando lejos: el exilio y su organización

El exilio uruguayo en Francia y la evolución de sus reivindicaciones

  • 8 Miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El MLN-T nace a final de los años ´60 en (...)

6Para muchos de los uruguayos forzados al exilio, instalarse en Argentina o Chile fue una opción que se vio favorecida con la llegada al poder de Héctor Cámpora y Salvador Allende respectivamente. El exilio se da en oleadas según la persecución política, que en un primer momento se dirige contra los tupamaros8. Instalarse en el Cono Sur, daba la posibilidad de estar cerca para continuar la labor política y de militancia. Esta situación no duraría mucho tiempo. Los sucesivos golpes de Estado, en Chile, a tres meses del uruguayo y tres años más tarde en Argentina implicaron la ampliación de la persecución política más allá de las fronteras, obligando a los exiliados a emprender un segundo exilio. Si hasta entonces era considerado temporal, el exilio se convertiría en un período de larga duración en lugares más lejanos. Entre los países de acogida destacan Venezuela, México y Cuba en el continente americano y Suecia, Suiza, Holanda, Francia, Dinamarca, España, entre otros en Europa.

7Cuando hablamos de exilio hacemos referencia a un fenómeno complejo, con características propias desde el punto de vista individual y colectivo. Nos parece pertinente recoger la reflexión de Silvia Dutrénit que lo define como:

  • 9 Dutrénit Bielous, Silvia (Coord.), El Uruguay del exilio. Gente, circunstancias, escenarios, Trilce (...)

[…] tiempos de llegada, un conjunto plural de corrientes políticas, una madeja de historias personales, un cúmulo de acciones para seguir en la política y para salir de ella. Está constituido por un universo disperso de actos comunitarios y, a la vez, de hibridación cultural, de integración social, de rechazo de los nuestros y de los otros. Forma un mundo de padecimientos, de angustias, de desencuentros con los cercanos y acercamiento a los distantes9.

8El exilio uruguayo en Francia se concentró mayoritariamente en París. Formado a partir de dos grandes oleadas: la primera entre 1972 y 1976, en su mayoría tupamaros y otra a partir de 1977, principalmente comunistas, pero también de otros grupos de la izquierda, sindicalistas y miembros del Partido Nacional. A pesar del exilio permanente y lejano, muchos optaron por continuar con la militancia; ésta no sólo era la forma de seguir la lucha por la que se vieron obligados a abandonar el país sino también su forma de posicionarse frente a la sociedad de acogida y al propio colectivo de exiliados. Sus actividades se centraron en la denuncia de la dictadura uruguaya en el espacio internacional (condiciones de reclusión, los detenidos-desaparecidos), el apoyo a los que se habían quedado en el país y la solidaridad entre los propios exiliados.

9En 1973 nace el Comité de Défense des Prisionniers Politiques en Uruguay (CDPPU) apoyado por franceses como el sociólogo Alain Labrousse. Este comité, próximo a la militancia tupamara crea el Collectif pour la Défense de Raúl Sendic. En el seno de la asociación France Amérique-Latine se crea en 1976 el Collectif pour la défense de Líber Seregni ligado a la militancia del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Será también de la militancia tupamara que nace La Parrilla, producto de su unión al Centre international de la culture populaire. La Parrilla es un espacio de encuentro, que hoy sigue funcionando bajo la órbita de la asociación ¿Dónde Están? Francia. En ese mismo año nace el Secrétariat Internacional de Juristes pour l´amnistie en Uruguay (SIJAU) formado por juristas franceses que contaron con el apoyo de exiliados como Alejandro Artucio o Pila Salaberry.

10Conocer su militancia nos acerca a sus primeros reclamos. Analizar cómo estos evolucionan, nos permite encontrar, una primera figura de víctima y reflexionar sobre qué elementos se apoya su construcción.

Hacia una militancia de la denuncia

  • 10 A pesar del consenso buscado al final de la Segunda Guerra Mundial y plasmado en la Declaración Uni (...)

11Militar supone mantener una postura ideológica que rechaza que las consecuencias de su militancia los convierta en víctimas. La prisión, la tortura, la muerte, son entonces consecuencias de su lucha por una sociedad nueva. Bajo esta perspectiva, considerarse víctima es de alguna manera, aceptar la denominación de “derechos humanos” que consideran impuesta por el “imperio” que busca así extender su dominio económico e ideológico. Habrá que esperar a los años más sangrientos de control y represión para que los exiliados se acerquen a los organismos internacionales para dar a conocer la situación del país y pedir presión contra el régimen. Sólo entonces, se dejará de ver “normal” que las graves consecuencias de la represión en Uruguay sean parte de lo que un militante tenga que vivir por su resistencia. Así, los diferentes colectivos de denuncia y solidaridad asumirán en su discurso preceptos que se amparan en la Declaración universal de los Derechos Humanos10.

12Cuatro acontecimientos marcan el tránsito que terminará por reafirmar el vínculo entre los colectivos de exiliados y las organizaciones de Derechos Humanos: la intervención del ex senador Zelmar Michelini en abril de 1974 en el tribunal Russell, la primera campaña contra la tortura en un país de Amnistía Internacional, la aprobación de la Enmienda Koch en el Congreso de los Estados Unidos y la inclusión de la situación uruguaya en los temas a tratar en el orden del día de la Comisión de DD.HH. de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

  • 11 Tribunal Russell por la represión en Brasil, Chile y América Latina, tuvo lugar en Roma en abril de (...)

13Zelmar Michelini se encontraba exiliado en Buenos Aires, Argentina. Durante su discurso pronunciado en el tribunal Russell11, Michelini enfatiza:

[…] Llegamos ahora a este tribunal Russell, para acusar a la dictadura uruguaya, a los civiles con cargo, a las Fuerzas Armadas sin excepción de haber arrasado las instituciones, conculcado las libertades, mancillado la tradición oriental, violado la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales. Los acusamos de haber perseguido, acosado torturado y vejado a su pueblo, transformando las cárceles en lugares de sufrimiento y escarnio y de haber desatado el terror a todo nivel. […] y lejos de nuestra tierra hemos seguido en la lucha, tratando no sólo de ahondar en la conciencia ciudadana de todos los hombres del mundo sino de hacer lo que estuviese al alcance de nuestras fuerzas para destruir la dictadura12.

  • 13 WOLA, agrupación de ciudadanos e instituciones estadounidenses contrarias a la política exterior de (...)
  • 14 La enmienda lleva el nombre del representante demócrata de Nueva York, Edward Koch, su promotor.

14Dos años más tarde, entre junio y agosto tienen lugar las audiencias promovidas por Amnistía Internacional EE.UU. (AIUSA), la Washington Office on Latin America13 y los congresistas Edward Kennedy y Donald Fraser. El resultado supone la aprobación de la Enmienda Koch14, que prohibía para el año fiscal de 1977 el uso de fondos federales estadounidenses para brindar asistencia, entrenamiento o crédito militar a Uruguay dada su política de violación sistemática de los Derechos Humanos. Previo a su votación, se realizaron audiencias ante un subcomité de asuntos internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos entre junio y agosto de 1976. Delante del subcomité declararon académicos como Martín Weinstein, el político uruguayo Wilson Ferreira Aldunate y el representante de Amnistía Internacional Eddy Kaufman. La enmienda no fue vetada por el Presidente Ford.

  • 15 Ruiz, Marisa, La piedra en el zapato. Amnistía y la dictadura uruguaya, UDELAR, Montevideo, 2006, p (...)

15El tercer evento ocurre también en 1976. Amnistía Internacional, que hasta entonces había denunciado de forma general el uso de la tortura, hace una campaña contra la tortura en Uruguay. Entre los motivos15 se puede destacar la denuncia de la tortura como tema principal de la organización, la información fluida que recibían de diferentes colectivos de exiliados, los pocos avances logrados por las denuncias frente al gobierno uruguayo y el hecho de que el caso uruguayo hubiese tenido menor impacto en la opinión pública internacional frente a casos como el chileno o el argentino.

  • 16 Uruguay fue analizado 10 veces desde 1977 por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y (...)

16El impacto internacional que generaron la votación de la enmienda y la campaña de Amnistía permitieron que el caso uruguayo llegara a la agenda de la ONU16. Otros organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, el Comité de derechos Humanos de la OIT y el Parlamento Europeo también incluyeron la situación política uruguaya en sus agendas.

17Mientras los primeros años del exilio (1967-1973) estuvieron marcados por el rechazo de los exiliados a acudir a las instancias internacionales, estos 4 acontecimientos ponen el caso uruguayo en el contexto de la lucha transnacional de DD.HH. Hasta entonces, la situación política uruguaya no era evidente en el panorama internacional, eclipsada por el gran impacto que tuvieron en la opinión pública internacional la dictadura chilena y argentina. Además de enfrentar a la dictadura cívico-militar a la presión internacional, la evolución del discurso de los exiliados irá perfilando sus reclamos y enunciando a quienes consideran víctimas del régimen.

18El activismo de los DD.HH. confirió entonces un espacio de militancia común frente a la represión y la persecución dictatorial en la que la labor de los exiliados fue fundamental. Esto supone una forma de militancia en la que las ideologías políticas deberán ser dejadas de lado para obtener el apoyo de las organizaciones internacionales. En 1980, el secretario del Partido Comunista del Uruguay, Rodney Arismendi sostenía desde su exilio en Moscú:

  • 17 Conversación con Rodney Arismendy, Estudios, nº 7, República Federal Alemana, abril de 1980. Los nú (...)

[…] sin nuestra lucha, con la fragilidad de las dictaduras fascistas, no tendríamos la llamada “política Carter” de los “derechos humanos” en América Latina. […] sin la magnitud de los procesos latinoamericanos y sus lucha no tendríamos a la socialdemocracia interviniendo activamente tratando de involucrar y de arrastrar tras ella a los grandes partidos nacional-reformistas de masas de diversos países. [...] Para derrotar el fascismo, debemos buscar la solidaridad de partidos y gobiernos nacional-reformistas17.

19Arismendi acepta el lenguaje de los DD.HH. pero sostiene que son fruto de su lucha y de la magnitud de los procesos latinoamericanos y no algo impuesto. No obstante, reconoce la necesidad de movilizar a los grandes partidos de la socialdemocracia para derrotar a las dictaduras. Ya que ,según afirmaba en la misma entrevista, para el líder comunista la guerrilla no había sido suficiente: “…todo eso se quebró en los años 60, en medio de luchas heroicas y del sacrificio de auténticos héroes de la revolución”. Al salir de prisión, el militante tupamaro David Cámpora sostenía:

  • 18 Causa, febrero de 1981.

Estoy muy bien impresionado con el trabajo de solidaridad y absolutamente convencido de que no es necesario sino imprescindible. Sin solidaridad los presos se mueren, se agotan; con solidaridad se les asegura la vida, se les mejora el trato y se los saca en libertad. Te pido por medio del periódico hagas un llamado intensísimo, les pido por favor a los compañeros exiliados y a los pueblos europeos que trabajen y que den todo lo que tengan por la solidaridad; que sigan trabajando como lo hacen ahora. La visita de la Cruz Roja Internacional fue una instancia muy buena, se pudo hacer una denuncia completa. Fueron 1200 versiones de la misma “melodía”: torturas, asesinatos, “verduguismo”18.

20Las palabras de Arismendi, a pesar de reconocer la labor internacional y de enmarcar las “luchas heroicas” en el pasado, resalta una labor de militancia sin la cual considera que la política de DD.HH. no hubiese tenido lugar. En cambio, Cámpora, hace referencia a la “solidaridad” y a un trabajo sin el cual los prisioneros políticos no hubiesen podido soportar las condiciones de la prisión. El hecho de que nombre a un organismo internacional como la Cruz Roja y de que hable de denunciar la tortura y los asesinatos denota el cambio del que hablamos.

21Los que antes eran “héroes” de luchas heroicas, aparecen como víctimas de la tortura o la prisión prolongada en los informes de AI, Cruz Roja o la ONU. Las víctimas a las que hacen referencia son los presos políticos. Este cambio en la forma de hacer los reclamos, dejando de lado las aspiraciones últimas de cambio social y con el manejo del lenguaje del activismo transnacional es el que logra llevar sus reclamos a estas instituciones.

  • 19 En el caso francés, instituciones como France-Amérique Latine, ACAT-France (Action des chrétiens po (...)

22El nuevo mecanismo parte de la militancia de los exiliados pero involucra a un organismo internacional19 capaz de ejercer presión sobre el gobierno uruguayo. En todo el entramado, los exiliados fueron el nexo clave como transmisores de información gracias a sus lazos con el país y en el aspecto burocrático, con labores de traducción y organización. Buena parte de esa labor de difusión informativa y de solidaridad se canalizó a través de boletines informativos. El boletín Informaciones de Uruguay (del CDPPU), en su edición nº 14, de marzo de 1978 decía:

23Gracias a su rol dinamizador de denuncia y solidaridad con nuestro país llevado adelante en el plano internacional y recientemente en la misma reunión de Ginebra fue posible lograr la resolución tomada por el organismo de la ONU. […] Es en la óptica que el trabajo de solidaridad no se realiza para favorecer tal o cual partido y organización política uruguaya, sino a todo nuestro pueblo que hoy lucha contra la opresión que debemos orientar nuestros esfuerzos.

24Al final de la dictadura, el líder tupamaro Raúl Sendic, recién liberado y cuando se aprontaba para operarse en Francia de las lesiones producto de la detención prolongada y la tortura sufridas, concedió una entrevista a Año Cero en la que sostenía:

  • 20 Año cero, nº5, 15 de noviembre de 1985, Uruguay.

No son equiparables las luchas por el progreso y las torturas y las muertes que se han perpetrado para mantener las injusticias vigentes. No hay comparación posible20.

  • 21 Markarian, Vania, Idos y recién llegados 1967-1984. La izquierda uruguaya en el exilio y las redes (...)

25Esta declaración de Sendic opone los métodos del MLN-T a los métodos usados por la dictadura y sus fines, negando cualquier igualad entre los métodos de la guerrilla y las torturas o las muertes sufridas por los militantes. En palabras de Varia Markarian: “El heroísmo era visto de otra manera, las torturas no eran parte de lo que tenía que soportar un militante sino muestra del sistema brutal que pretendía acallar todo disenso”21.

26La dictadura uruguaya impidió cualquier disenso interno, razón por la cual, la labor de denuncia de los exiliados cobra relevancia. La evolución del discurso de los exiliados, desde el lenguaje militante a la adopción del lenguaje de los DD.HH., trae implícito aceptar la noción de víctima defendida por la O.N.U. Es decir, entender que los presos políticos, los torturados, los perseguidos y los desaparecidos son víctimas de la dictadura cívico-militar y no héroes de guerra. Los reclamos van a estar centrados en denunciar la represión y la persecución dictatorial construyendo la figura de víctima en torno a los presos políticos. La situación que viven los propios exiliados no es tenida en cuenta en su discurso y ellos mismos no se incluyen entre las víctimas, a pesar de que gran parte de ellos fueron acogidos bajo el estatuto de refugiados.

La vuelta a la democracia y el tratamiento del pasado reciente

27La vuelta a la democracia en Uruguay debía hacer frente a múltiples situaciones de extrema complejidad social, económica y psicológica tanto a nivel individual como social: la excarcelación de los presos políticos, el insilio, el exilio. Hasta entonces la labor de denuncia sólo se ejercía desde el exterior dirigida principalmente a los prisioneros políticos y sus condiciones de detención y a la ausencia de libertades políticas. No será hasta la creación del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj, Uruguay) en los años 80 cuando se empiece a reivindicar la defensa de los DD.HH. desde dentro del país. Cuando el discurso de los DD.HH. asumido por la diáspora llega al país y es asumido por los colectivos uruguayos, incluirá en sus reclamos a la situación vivida por el colectivo de exiliados.

28El primer gobierno democrático post-dictatorial toma posesión el 1º de marzo de 1985. Dos leyes, una de ellas casi inmediata, van a marcar el camino elegido por el gobierno para tratar el pasado reciente. El presidente Julio María Sanguinetti promulga el 8 de marzo de 1985 la ley de Amnistía22 no irrestricta para presos políticos. Esto determinó que todos los presos fueran puestos en libertad aunque la justicia civil los declarara culpables al revisar su caso, dado que el máximo de pena establecido era de treinta años y todos habían cumplido al menos un tercio de la pena. La ley supuso desoír el pedido de Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar23 (Madres) que el primero de marzo hacía pública una carta al presidente de la República llamando a la amnistía general e irrestricta. Para Madres, cualquier otra posibilidad implicaba una aceptación tácita de los procedimientos de la justicia militar, es decir, torturas, jueces incompetentes y parciales y ausencia de cualquier garantía procesal. En este sentido, a poco de aprobada la ley, la publicación Dignidad señalaba que “los presos políticos no son delincuentes”24, argumentando que de ser así, se estaría convalidando la confesión mediante torturas, las decisiones de la justicia militar, los secuestros, las desapariciones forzadas y las violaciones de los derechos humanos, en línea con el mensaje de Madres.

  • 25 Dicha comisión estará integrada por delegados del Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones (...)
  • 26 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969.

29Un aspecto importante de la ley de amnistía es que encomienda la creación de la Comisión Nacional de Repatriación25 (art. 24) para facilitar el regreso al país de aquellos que lo deseen y aprueba (art. 15, cap. II) la Convención Americana sobre Derechos Humanos26. Si bien la ley de amnistía excluía en su artículo nº5 los crímenes cometidos por funcionarios policiales y militares, el 22 de diciembre de 1986, en medio de la controversia causada por los las denuncias hechas por ex prisioneros políticos y los llamados a declarar ante la justicia civil de múltiples cargos militares, se aprueba la ley 15.848 de Caducidad que establece:

…como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos27.

  • 28 Cámara de Senadores, 20 y 21 de diciembre de 1986, pág.124. Declaraciones del senador Tarigo del pa (...)

30Buena parte de la defensa llevada a cabo en el debate parlamentario para aprobar la ley se basó en el recurso al miedo a la inestabilidad institucional28 que causaría el desacato por parte de los militares llamados a declarar ante la justicia civil. De esta forma “caduca” la posibilidad de castigo que el Estado pudiese perseguir por los delitos cometidos. Esto supone un reconocimiento implícito de los mismos. Se opta por una decisión política para solucionar un problema de competencia jurídica a pesar de que en su visita a Venezuela, el presidente uruguayo había mantenido:

  • 29 El Diario, 7 de julio de 1985.

[…] no es el Poder Ejecutivo quien deba juzgar situaciones del pasado. Podrá investigarlas, podrán fallarlas otros jueces. Todo aquello que pueda ser acción ilegal, será naturalmente materia de la justicia29.

31Teniendo en cuenta los cambios que suponen la aprobación de la ley de amnistía y la ley de caducidad, podemos señalar y analizar de forma detenida tres aspectos que articulan el tratamiento de las víctimas del pasado reciente: aquellos que son reconocidos como víctimas a ojos de la ley y reciben la liberación y la amnistía, la creación de la Comisión Nacional de Repatriación que reconoce a los exiliados como parte de las víctimas y la caducidad de la pretensión punitiva frente a los crímenes cometidos por funcionarios policiales y militares y sus consecuencias. Estos aspectos son los que desarrollamos a continuación en tres apartados consecutivos.

Institucionalización de la memoria: ¿Un lugar para las víctimas?

  • 30 A propósito de la justicia transicional, para el caso uruguayo, recomendamos leer el trabajo de Jor (...)

32La justicia transicional30 es el marco teórico que define las políticas aplicadas en estos casos de transición política luego de un período de conflicto. Jorge Errandonea, define la justicia transicional como:

  • 31 Errandonea, Jorge, “Justicia transicional en Uruguay. Revista IIDH, vol.47, enero-junio de 2008, p (...)

[…] aquella disciplina que pretende aportar soluciones y herramientas a las sociedades para enfrentar un legado de violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en un momento determinado de la historia (puede ser reciente o más lejano) para llegar a una reconciliación nacional, para reparar a las víctimas y para lograr una convivencia pacífica en la cual no se vuelvan a repetir los mismos hechos. Los mecanismos propuestos para llegar a tales fines son de distinto tipo: tenemos los vinculados con el logro de una justicia retributiva, los que pretenden actuar sobre la búsqueda de la verdad de lo ocurrido, los que buscan reparar a las víctimas y aquellos que reforman las instituciones como garantías de no repetición31.

33En esta definición reconocemos cuatro elementos constitutivos de esa justicia transicional: el castigo a los culpables de las violaciones, la búsqueda de la verdad, las reparaciones a las víctimas y las reformas institucionales como garantía de no repetición. La forma en la que un gobierno, institucionaliza la memoria de un conflicto, olvidando o dejando de lado voluntariamente otra posible forma de memoria, supone una forma de poder sobre el tratamiento de ese pasado reciente. En función de sus objetivos, podemos reconocer tres formas de institucionalización de la memoria: la del olvido, la del recuerdo y la de denuncia.

34Cuando hacemos referencia a la violencia ejercida desde el aparato del Estado, esa institucionalización de la memoria se convierte en un elemento clave para el tratamiento del pasado. En palabras del presidente de gobierno Julio María Sanguinetti:

  • 32 Búsqueda, 13 de abril de 1989.

[…] el país no puede llegar al año 2000 discutiendo lo que ocurrió en 1976 […]. Estos hechos deben quedar para los historiadores […] porque el futuro no puede seguir envenenado con las discusiones del pasado32.

  • 33 . CINTRAS (Centro de salud mental y Derechos Humanos) Chile, EATIP (Equipo argentino de investigaci (...)

35Su declaración habla de una voluntad de dejar atrás los hechos del pasado. La memoria del olvido institucionalizada, alcanza a toda una generación, que incluye a aquellos que aún sin vivir en su propia piel la persecución, la violencia o la tortura viven de forma directa sus consecuencias, como los hijos o los familiares próximos. Cuando el daño33 tiene su origen en la violencia ejercida desde el Estado esto le otorga un carácter político claro. Si el silenciamiento, como síntoma del olvido impuesto, forma parte de la política de Estado, el acceso a los soportes de memoria social como actos de recreación del pasado en la realidad presente y como proyecto hacia el futuro se ve impedido y no hay un reconocimiento del daño. Esta falta de reconocimiento social impide crear el espacio para oír la narración de la víctima, por insoportable y porque la sociedad carece de los soportes de memoria que permitan elaborar, narrar (poner en palabras) el daño, como recuperación reflexiva que contribuya a su no repetición, uno de los objetivos de la justicia transicional.

36La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985 precisa que:

Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder34.

37La ley de amnistía reconoce la existencia de presos políticos, si bien no usa el término “víctimas”, los hace depositarios de la amnistía que elimina el castigo y el delito por el cual fueron juzgados. Una parte de los liberados, no fueron amnistiados de forma total. Esto supone no reconocer su estatuto total de víctima y legitimar los cargos imputados por la justicia militar y sus métodos. La ley acepta tácitamente los principios fundamentales de justicia para las víctimas cuando asume la competencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la materia por tiempo indefinido y sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, bajo condición de reciprocidad. Esto último supone aceptar el lenguaje de transnacional de los derechos humanos y los mecanismos judiciales que garantizan su aplicación.

38La ley promulgada en Uruguay, a pesar de su concepción restricta de los presos políticos, contempla a los exiliados dentro de este colectivo de víctimas a resarcir mediante la creación de la Comisión Nacional de Repatriación para facilitar el regreso al país de aquellos que lo deseen y deja fuera a funcionarios policiales y militares. Estos elementos nos muestran que la construcción de la definición de la víctima en el espacio público uruguayo deja de ser el fruto de una reivindicación por parte de organizaciones para formar también parte de las políticas del gobierno. A continuación, haremos un análisis del colectivo exiliado que pasa a formar parte de las víctimas y su situación.

La Comisión Nacional de Repatriación y los exiliados

39Un hecho próximo al final de la dictadura, el viaje de los niños del exilio, parece buscar acercar a la diáspora. Con la ayuda de España y con el apoyo de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), la Comisión por el Reencuentro y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITA), el 26 de diciembre de 1983 vienen de vacaciones a Montevideo desde España los hijos del exilio, decenas de niños que nacieron o crecieron en el exilio pudieron volver para visitar a sus familias. A su llegada fueron recibidos como héroes con cientos de personan en las calles para darles la bienvenida a su paso. En un año marcado por las movilizaciones sociales, este retorno estará cargado de simbolismo.

40Es durante el período de transición que muchos de los exiliados vuelven al país. Los que pueden vuelven para las elecciones nacionales, la mayor parte lo hará con el final de las proscripciones tras la votación de la ley de amnistía. El regreso, se hace para la mayoría de forma anónima, otros, próximos a los círculos culturales e intelectuales del país son masivamente recibidos. El 18 de mayo de 1984, vuelve a Uruguay y realiza un concierto en el Estadio Centenario de Montevideo ante 50.000 personas el dúo Los Olimareños. Es antes de entonar Las dos querencias que declaran:

  • 35 Audio recogido en Los Olimareños, Colección Histórica, Orfeo AGADU 4385-2, CD1, tema 8.

Estamos hoy para cantar como ayer, como hoy, como siempre, de esta casa, este suelo patrio desde el cual nunca tuvimos que salir. Ustedes son los que nos han traído, ustedes son los que nos han hecho vivir en estos años. No solamente a nosotros sino a tantos compañeros que están hoy presentes aquí también35.

  • 36 Retomo la terminología empleada por Mario Benedetti y el concepto al que el escritor uruguayo hace (...)
  • 37 Coraza de los Santos, Enrique, “El Uruguay del exilio: la memoria, el recuerdo y el olvido a través (...)
  • 38 Cuando hablo de espacio público, retomo el concepto desarrollado por Nora Robotnikof: El espacio pú (...)
  • 39 Elisa Dellepiane y Matilde Rodríguez Larreta, viudas de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz re (...)

41A pesar de los recibimientos y de la creación de la Comisión Nacional de Repatriación, el colectivo exiliado será visto por una parte de los militantes como aquellos que se salvaron y la sociedad uruguaya tardará mucho tiempo en asumir esa parte de las consecuencias de la dictadura. De esta forma, el desexiliado36, debe afrontar un doble desafío: personal, ya que no puede procesar la vivencia desgarradora, y social, porque la sociedad uruguaya en su conjunto carecerá de ese relato para integrarlo en la reconstrucción de su pasado reciente. En parte, esta presencia ausente se ve reflejada en la historiografía sobre el exilio, que tiene menos peso respecto a otras consecuencias sociales y políticas de la dictadura. La mayor parte de las publicaciones relativas al exilio tienen un carácter coyuntural, relativo a la reinserción socio-laboral o la superación de las huellas psicológicas que ese retorno provoca, viéndose mermadas en la década siguiente y siendo en su mayoría publicadas en el extranjero37. Entre el final de la dictadura y los años 2000, podemos percibir una cierta desaparición del tema del exilio tanto del espacio público38 como del debate político. Esta ausencia se extiende, particularmente después del plebiscito de 1989 para anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado39, a los demás temas pendientes de la dictadura.

  • 40 Ver Op.Cit. Dutrénit Bielous, Silvia. El Uruguay del exilio.

42En los últimos años, algunos trabajos intentan dar luz sobre el colectivo particular del exilio: los países de destino, el flujo real de exiliados, su militancia, incluso su subjetividad. En ellos40 se abordan circunstancias y escenarios distintos que nos permiten abordar el exilio como algo ligado a la dictadura cívico-militar uruguaya pero también entendiéndolo como un fenómeno propio con sus características comunes y colectivas con su lado más íntimo y subjetivo. Estos trabajos contribuyen a mostrar la dimensión múltiple y compleja de las víctimas de la dictadura uruguaya, que el marco de políticas de olvido hizo que se centraran los reclamos en la figura indiscutible del detenido-desaparecido. Esas políticas de olvido, que se consagran con la aprobación de la ley de caducidad, suponen un cambio sustantivo respecto a los preceptos plasmados en la ley de amnistía.

¿Dos demonios? La aprobación de la ley de caducidad

43Hasta diciembre de 1986, podíamos pensar, que si bien no todos los presos políticos habían gozado de una amnistía total e irrestricta, todos habían sido liberados y como ya mencionamos, quedaban excluidos de forma explícita, los crímenes cometidos por funcionarios policiales y militares. No obstante, la aprobación de la ley de caducidad, modificó completamente esta concepción oficial de las víctimas.

  • 41 Canelones, es el departamento que linda con Montevideo, donde se ubica la capital del país.

44El cura jesuita Juan Luis Segundo, publicó en la edición mensual de la revista “La Plaza” de la ciudad de Las Piedras, Departamento de Canelones41 en febrero de 1982 el artículo titulado Clemencia para los vencidos. En él afirmaba que terminada una guerra, los prisioneros no pueden ser ni prisioneros de guerra ni prisioneros comunes, convirtiéndose en prisioneros políticos. Segundo afirmaba que dado que en Uruguay los prisioneros no fueron liberados una vez terminada la guerra en la que:

[…] no se cumplieron las reglas del juego de una guerra declarada – soldados uniformados, por ejemplo – se desacreditó de antemano y totalmente todo lo que podía ser una buena voluntad o intención política en el combatiente vencido y preso. Para una auténtica reconciliación del país, es, en efecto, una lástima que, por todos los medios de difusión (y silenciando cualquier otro), se los haya representado y se los presente aún, no sólo como subversivos – que lo fueron – sino como mafiosos, cobardes, viles, asesinos, traidores, malnacidos, etc. Es decir, sin hacer la menor distinción entre los medios usados y las intenciones, muy explícitas por otra parte, aunque borradas de la memoria, de quienes los usaban.

45El cura sostiene que al considerarlos de esta forma, los crímenes cometidos bajo la presunta “guerra” se retrotraerían a los crímenes estipulados por la justicia ordinaria: secuestro, asesinato, entre otros. Por ello:

  • 42 Esta última frase hace referencia a la pronunciada por Artigas, prócer de la independencia de Urugu (...)

Esa descalificación moral y previa de seres humanos debe, sin duda, formar parte de ese tabú que, contra todas las lecciones de la historia, impide hoy como ayer, acabada la batalla, reclamar clemencia para los vencidos42.

  • 43 Un repaso a la teoría de los dos demonios de Carlos Demasi en: Marchesi Aldo, Markarián, Vania, Ric (...)
  • 44 En el caso uruguayo, la doctrina se ve consagrada en la Ley de Seguridad, votada antes del quiebre (...)

46Como consecuencia del artículo, la revista fue clausurada durante 8 ediciones. El argumento que justifica el tratamiento a los prisioneros y perseguidos durante la situación de guerra interna, es conocido como “La teoría de los dos demonios”43. Según esta teoría, aplicación práctica en el Río de la Plata de la Doctrina de la Seguridad Nacional44, se enfrentaban la subversión “antipatria”, encarnación del marxismo internacional y el poder militar, garante del “ser nacional” en igualdad de condiciones en una guerra permanente. Pero las propias fuerzas conjuntas, al mismo tiempo que establecían la vinculación entre la guerrilla, la acción de los partidos políticos y el golpe de Estado, reconocen haber desmantelado la guerrilla a lo largo del año 1972, fecha anterior al golpe:

  • 45 Junta de Comandantes en Jefe, De la subversión a la paz. Las fuerzas armadas al pueblo oriental,Tom (...)

En septiembre de 1972, la guerrilla en el interior del país había sido totalmente aplastada, y en la ciudad, constreñida a expresiones cava vez más reducidas y privadas de toda iniciativa. A mediados de noviembre de 1972, la campaña militar antisubversiva lanzada por las FFCC a partir del 15 de abril de ese año, prácticamente ha terminado con la detención de caso 3000 integrantes de la organización sediciosa y la destrucción de su infraestructura militar45.

  • 46 Algunos antiguos miembros del MNL-T comparten esta visión ya que entienden que ellos lucharon en un (...)

47Bajo esta óptica, la acción del MLN-T46 provocó el golpe de estado y la izquierda en sentido amplio pasó a ser la culpable del golpe de Estado y cualquier reivindicación social suponía una forma de “subversión” y del quebrantamiento de la paz que hasta entonces había gozado el país. Una vez recuperada la democracia, algunos elementos nos permiten ver que este discurso se mantendrá para focalizar en la “sedición” y en el grupo de militares “golpistas” la responsabilidad de la dictadura.

  • 47 Por esta ley, el Estado uruguayo será condenado en la sentencia del 24 de febrero de 2011 (Caso Gel (...)

48Este argumento de la existencia de “dos demonios” fue el utilizado cuando se plantea qué hacer con los militares y policías implicados en las violaciones de derechos inherentes a la persona y será el argumento defendido para aprobar la ley de caducidad47 siguiendo un principio de “igualdad”. La ratificación de la ley mediante plebiscito en 1989 y 2009, sirvió para afirmar el argumento según el cual la sociedad quería recuperar “la paz”.

  • 48 Carlos Julio Pereyra, senador del partido Nacional, Aquí 23 de diciembre de 1986
  • 49 Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se consolida en el año 1983 a partir de la (...)

49Para todos los sectores del Frente Amplio y algunos de los partidos Nacional y Colorado, establecer este principio de igualdad que elimina la figura de víctima y opresor para hablar solo de víctimas de una guerra en igualdad de condiciones es abandonar la lucha por la justicia: “Uno no puede nunca resignarse a que una sociedad se niegue a que se administre justicia, porque el renunciar a la justicia, es renunciar a la paz”48. Esta postura es compartida por la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos49 (Madres y Familiares) que “repudia cualquier forma de impunidad”:

  • 50 La Hora, viernes 12 de diciembre de 1986, p. 12.

Y en tanto nosotros considerábamos que el conocimiento cabal de la VERDAD de lo acontecido a nuestra sociedad en estos años y la efectiva acción de la JUSTICIA eran espacios esenciales para lograr ciertas sus afirmaciones, Ud. no desperdiciaba oportunidad para insistir en que todo estaba en orden y que “olvidando” obtendríamos la paz y la sólida democracia anhelada”. Carta abierta de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos50.

50La postura oficialista, compartida también por la mayor parte del partido Nacional, reproduce el esquema de los dos demonios al que hacíamos referencia:

  • 51 Luis Alberto Lacalle del partido Nacional. Opinar, 28 de febrero de 1985, p. 7.

[…] que si es posible y aún necesario perdonar, no es moralmente posible olvidar lo que fue la intentona subversiva. […] La intentona violentista no fue respuesta ante una vía pacífica ocluida ni el camino de alternativa en una sociedad sin libertad. Fue una acción minoritaria y soberbia51.

  • 52 A pesar de que la ley logra el silenciamiento interno, la labor de Madres y familiares se va a conc (...)

51La aprobación de la ley consagra un tratamiento de igualdad entre oprimido y opresor. Es decir, las víctimas están en ambas partes, retrocediendo en lo previamente estipulado por la ley de amnistía y deslegitimando a las víctimas. La negativa por parte del gobierno de Sanguinetti a realizar cualquier investigación condena al silencio la labor de Madres y familiares52 de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y de cualquier reivindicación sobre el destino de los detenidos-desaparecidos, que se convertirán en la figura de consenso.

52La creación de la Marcha del silencio en 1996, pone a la figura del detenido-desaparecido como imagen de las víctimas durante la dictadura y busca romper el olvido decretado por la ley de caducidad. Tras la liberación de los últimos presos, Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar se desintegra y cobra protagonismo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, señal de un primer cambio en las reivindicaciones de las víctimas. La creación de la Comisión para la Paz en el año 2000, durante el gobierno de Jorge Batlle, es el primer reconocimiento institucional del terrorismo de Estado y de la existencia de detenidos-desaparecidos. En sus conclusiones finales, el informe destaca:

[…] demuestran la detención clandestina de numerosos ciudadanos uruguayos en territorio argentino y su desaparición forzada y fallecimiento como consecuencia de torturas y/o ejecuciones, a partir de procedimientos donde existieron, […] acciones represivas con distinto grado de coordinación y colaboración entre fuerzas de ambos países.
El aporte de la COMISION se limita a verificar la verdad de hechos que, aún cuando muchas veces fueron negados, deben ser ahora considerados como parte de la historia oficial. […] ha formado convicción plena acerca de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de facto.
Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función pública, obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales53.

53Las conclusiones de la Comisión para la paz son un reconociendo de la responsabilidad del Estado en el uso ilegítimo de la violencia. Además, hay un reconocimiento por parte del Estado de las víctimas y se destaca la necesidad de ayudar y de reparar el daño así como de desarrollar instrumentos para la no repetición.

54La llegada del Frente Amplio al poder en 2005, abrió el espacio a juicios, detenciones, investigaciones oficiales dirigidas por historiadores y la apertura de espacios de memoria como el Museo de la Memoria en 2006. El 2 de enero de 2006 se promulga la ley 17.949 para resarcir a los militares que sufrieron persecución. A continuación, la ley 18.026 del 25 de septiembre de 2006 extiende y consagra el principio de reparación integral para las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La ley contempló a todas las personas que durante dicho período fueron detenidas, debieron exiliarse, sobrevivir en la clandestinidad o perdieron su trabajo como consecuencia de la aplicación del Decreto 518/73 de julio de 1973.

55Finalmente, promovida por el poder Ejecutivo, la ley 18.033 del 5 de diciembre de 2006 implementa una ley jubilatoria para reparar a detenidos, exiliados y clandestinos, durante los años de la dictadura. Estas acciones gubernamentales, aunque no de forma exclusiva, comprenden a los desexiliados en las reparaciones. El Poder Ejecutivo también encarga a la Universidad de la República una investigación, cuyo resultado es la publicación de la Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985). El tomo II de dicha investigación comprende un apartado dedicado al exilio que se detiene particularmente en el asilo otorgado a ciudadanos uruguayos y la vigilancia ejercida sobre las actividades de personas y/u organizaciones en el exilio. Esta elección tampoco es anodina ya que implica otorgar un valor de objetividad a la labor de investigación académica que es legitimada por el Estado. Su labor también contribuye en la construcción de la noción de víctima en la sociedad uruguaya.

Avances y retrocesos en el tratamiento de las víctimas de la dictadura

56Si bien el lenguaje de las asociaciones de víctimas uruguayas asumió plenamente el lenguaje transnacional de los Derechos Humanos, la noción de víctima sigue siendo compleja y controvertida y va atada a las políticas de Estado respecto del pasado reciente como garantía para su reconocimiento.

57Por su parte, los exiliados realizan una gran labor durante el régimen para dar nombre a las víctimas que durante la dictadura se asimilan con los presos políticos. En este sentido, la postura y los argumentos utilizados por Zelmar Michelini supusieron una novedad. Superar las aspiraciones de cambio social y político y dejarlas de lado, sin abandonarlas, fue el paso clave para acercarse a las organizaciones internacionales que podían presionar al régimen uruguayo. A continuación, hacer suyo el lenguaje de los Derechos Humanos suponía asumir una visión que deja de ver al militante como “héroe” y lo considera “víctima” de un régimen. Este cambio hacia una militancia de la denuncia es visible a partir de 1976 cuando la situación política uruguaya entra en la escena internacional con la campaña de Amnistía Internacional y la aprobación de la Enmienda Koch.

58Este lenguaje asumido por el discurso de las asociaciones de uruguayos en el exilio es el que penetra en el Uruguay al final de la dictadura. Sin olvidar que en el Uruguay, las asociaciones como SERPAJ surgen durante los años finales del régimen y por tanto, toda la labor de denuncia se ejerce desde el exterior. Cuando las reivindicaciones vuelven al país, al menos en el plano legal, incluyen en su discurso a los exiliados como parte de las víctimas. Este contexto tan complejo hace que el relato de los exiliados como víctimas se vea mitigado y ausente.

59El reconocimiento oficial de las víctimas supone asumir la violencia ejercida por parte del Estado contra sus ciudadanos, abandonar la teoría de los “dos demonios” y destruir los mecanismos que impiden la narración del relato de las víctimas como asume la Comisión para la paz. No obstante, en el caso uruguayo, la ley de caducidad, que sus detractores denominan como ley de impunidad, condena al silencio y evidencia que las medidas tomadas en el período se transición siguen siendo claves para comprender el tratamiento del pasado reciente y la complejidad y la evolución de la figura de las víctimas de la dictadura cívico-militar.

  • 54 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman contra Uruguay. Sentencia del 24 de febrero d (...)

60La ley de caducidad, ratificada en dos plebiscitos, 1989 y 2009, no ha podido ser anulada a pesar de la condena que pesa sobre Estado uruguayo por el caso Macarena Gelman54. Es ahora la Suprema Corte de Justicia la que declaró el dictamen del gobierno de 2011 inconstitucional e impide los juicios. Si bien el Estado uruguayo sigue dando pasos en la construcción de una memoria del recuerdo, incumple su obligación de esclarecer el destino de los desaparecidos y de juzgar a los funcionarios policiales y militares implicados en los crímenes, ya que el Poder Judicial representa a los poderes del Estado.

61La labor de organismos como SERPAJ, IELSUR, CRYSOL, HIJOS y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, da cuenta de la dificultad para romper las políticas de olvido y hacer que el relato de las víctimas llegue a la sociedad uruguaya. La figura de víctima ha evolucionado, siguiendo el momento histórico y las medidas políticas: la lucha por la liberación de los prisioneros políticos, la inclusión de los exiliados en la ley de amnistía, en las reparaciones del gobierno de Tabaré Vázquez, en el consenso detrás de la figura del detenido desaparecido.

62Los espacios de memoria en los que la sociedad deja huella del daño, son formas de transmisión, de generación de identidad colectiva bajo la forma de memoria del recuerdo y de la denuncia. En ella, la figura del exiliado como víctima, permanece frágil y controvertida, es una presencia ausente. Esta memoria del recuerdo y de la denuncia, que se opone a la de olvido, no guarda el mismo lugar para las víctimas porque no siempre coincide con la memoria institucionalizada. En el caso uruguayo, esa memoria institucionalizada, que es la que en última instancia legitima a las víctimas, sigue sin tener un posicionamiento firme y coherente en el tiempo que permita que la multiplicación de los espacios de memoria sean acompañados por la labor complementaria de la justicia.

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Annexe

Fondos documentales:

CEIU, Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay.

Documentación de la Asociación ¿Dónde Están? Francia, París, Francia.

Fonds SIJAU-Weil Uruguay, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Nanterre, Francia.

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Notes

1 Yaffé, Jaime (y otros) La dictadura cívico-militar. Uruguay 1973-1985. Banda Oriental, Montevideo, 2009, p. 117-178.

2 Decreto del Poder Ejectuvio. 27 de junio de 1973.

3 Demasi, Carlos, (coord.), Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay. Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1996-2003, p. 118.

4 Universidad de la República. Investigación sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), Montevideo, FHCE- CSIC, 2008, Tomo I.

5 Serpaj, Uruguay Nunca Más. Informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985), Serpaj, Uruguay, 1989, p. 119, 195.

6 Según datos del Museo de la Memoria de Montevideo, Uruguay.

7 Asumimos la periodización propuesta por Luis Eduardo González en 1983, aceptada por la historiografía uruguaya y extendida por la obra de Gerardo Gaetano y José Rilla: Breve historia de la dictadura, Banda Oriental, Montevideo, 2011. La etapa comisarial hace hincapié en la búsqueda de orden público, la represión y en un principio, el carácter excepcional ante una situación de “emergencia”.

8 Miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El MLN-T nace a final de los años ´60 en un contexto de deterioro social, político y económico. Se conforma como un movimiento de guerrilla urbana con origen en la unión de Raúl Sendic, miembros del ala radical del Partido Socialista (Julio Marenales, Jorge Manera, Andrés Cultelli, Héctor Amodio Pérez, entre otros), los cañeros (trabajadores de la caña de azúcar del norte del país), miembros del Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) como Eleuterio Fernández Huidobro e independientes como José Mujica (presidente de gobierno 2005-2010). Comienzan sus acciones en forma de denuncia o solidarias hasta cometer secuestros y algunos asesinatos. Ver: Labrousse, Alain, Les Tupamaros des armes aux urnes, Éditions du Rocher, 2009.

9 Dutrénit Bielous, Silvia (Coord.), El Uruguay del exilio. Gente, circunstancias, escenarios, Trilce, Montevideo, 2006, p. 14.

10 A pesar del consenso buscado al final de la Segunda Guerra Mundial y plasmado en la Declaración Universal de 1948, en los Convenios de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos y Culturales, la década de los ´70 en Latinoamérica dejará en evidencia que la vigilancia y la aplicación efectiva de estos derechos distan de cumplirse.

11 Tribunal Russell por la represión en Brasil, Chile y América Latina, tuvo lugar en Roma en abril de 1974.

12 Audio disponible en: https://www.youtube.com/watch ?v =cjqPVfxT6K8 (Minuto 8:20).

13 WOLA, agrupación de ciudadanos e instituciones estadounidenses contrarias a la política exterior de su gobierno hacia América Latina.

14 La enmienda lleva el nombre del representante demócrata de Nueva York, Edward Koch, su promotor.

15 Ruiz, Marisa, La piedra en el zapato. Amnistía y la dictadura uruguaya, UDELAR, Montevideo, 2006, p. 96-130.

16 Uruguay fue analizado 10 veces desde 1977 por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Subcomisión de Naciones Unidas sobre Prevención de discriminaciones y Protección de las Minorías. Las reuniones, siguiendo la resolución 1503, es decir , a puerta cerrada y confidenciales.

17 Conversación con Rodney Arismendy, Estudios, nº 7, República Federal Alemana, abril de 1980. Los números 68 a 92 de la revista fundada en 1956 por el propio Arismendy se publican en el exilio. Esta declaración tuvo lugar en el Seminario Latinoamericano de estudiantes en Moscú en noviembre de 1979.

18 Causa, febrero de 1981.

19 En el caso francés, instituciones como France-Amérique Latine, ACAT-France (Action des chrétiens pour l´Abolition de la Torture) o SIJAU (Sécretariat International de Jursistes por l´Amnistie en Uruguay) fueron claves vertebrando las campañas de denuncia con el apoyo de los exiliados. El apoyo de personalidades como el magistrado Louis Joinet o la primera dama Danielle Miterrand fue también importante.

20 Año cero, nº5, 15 de noviembre de 1985, Uruguay.

21 Markarian, Vania, Idos y recién llegados 1967-1984. La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de Derechos Humanos, Montevideo, Correo del maestro, 2006, p. 186.

22 Texto íntegro de la ley: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15737&Anchor=

23 Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar se conforma en 1982, en su mayoría formado por mujeres y familiares de presos políticos. Junto con Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocan en 1986 el primer plebiscito para dejar sin efecto la ley de caducidad.

24 Dignidad, 26 de marzo de 1985.

25 Dicha comisión estará integrada por delegados del Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Seguridad social, un delegado del Banco Hipotecario del Uruguay, un delegado de la Comisión Nacional del Reencuentro y un delegado elegido por la Presidencia de la República.

26 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969.

27 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15848&Anchor=

28 Cámara de Senadores, 20 y 21 de diciembre de 1986, pág.124. Declaraciones del senador Tarigo del partido Colorado.

29 El Diario, 7 de julio de 1985.

30 A propósito de la justicia transicional, para el caso uruguayo, recomendamos leer el trabajo de Jorge Errandonea (debajo) o Lessa, Francesca, Memory and transitional justice in Argentina and Uruguay, Plagrave Macmillan, Nueva York, 2013. En cuanto a la definición: Freeman, Mark y Marotine Odrote, La juctice transitionnelle: un aperçu du domaine, The International Center for Transitional Justice, 19 de noviembre de 2007. http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Apercu-Domaine-2007-French.pdf. Visitado en enero de 2014.

31 Errandonea, Jorge, “Justicia transicional en Uruguay. Revista IIDH, vol.47, enero-junio de 2008, pag.13-70. En www.corteidh.or.cr/tablas/r23814.pdf‎. Consultado el 20 de diciembre de 2013.

32 Búsqueda, 13 de abril de 1989.

33 . CINTRAS (Centro de salud mental y Derechos Humanos) Chile, EATIP (Equipo argentino de investigación psicosocial) Argentina, GTNM/RJ (Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro), Brasil y SERSOC (Servicio de rehabilitación social) Uruguay, Daño transgeneracional: consecuencias de la represión política en el Cono Sur, Santiago, Gráfica LOM, 2009.

34 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/40/34&Lang=S

35 Audio recogido en Los Olimareños, Colección Histórica, Orfeo AGADU 4385-2, CD1, tema 8.

36 Retomo la terminología empleada por Mario Benedetti y el concepto al que el escritor uruguayo hace referencia con este término que él mismo acuñó. Benedetti, Mario, El desexilio y otras conjeturas, Buenos Aires, Editorial Nueva Imagen, 1985, p. 9.

37 Coraza de los Santos, Enrique, “El Uruguay del exilio: la memoria, el recuerdo y el olvido a través de la bibliografía”, Scripta Nova, Universidad de Barcelona, Nº94 (1),1 de agosto de 2001 [ISSN 1138-9788]  El autor toma el período 1960-2000 para hacer un análisis pormenorizado de las obras editas por sub-tema. Destacamos que de las 513 obras relativas a la dictadura para el período constatadas por el estudio, 60 tratan el exilio, de las cuales 37 han sido publicadas en el extranjero, generalmente fruto del trabajo de exiliados con el apoyo de organismos internacionales o gubernamentales.

38 Cuando hablo de espacio público, retomo el concepto desarrollado por Nora Robotnikof: El espacio público “informal” en el que se despliegan proceso de entendimiento intersubjetivo cumple una función de integración social y es el verdadero lugar de gestación de una voluntad y una opinión política democráticas. Como tal produce un conjunto de razones y argumentos, un “poder” comunicativo que orienta, legitima o deslegitima el funcionamiento del sistema político. Robotnikof, Nora, Espacio público y la democracia moderna. Instituto Federal Electoral, México D.F, 1997, p. 52.

39 Elisa Dellepiane y Matilde Rodríguez Larreta, viudas de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz respectivamente junto a María Esther Gatti de Islas, abuela de una niña secuestrada durante el período de facto constituyen el 28 de enero de 1987 la Comisión Nacional Pro Referéndum.. El plebiscito tendrá lugar el 16 de abril de 1989, en medio de la campaña presidencial. El 47,4% del censo ratificó la ley, el 35% se opuso. La ley fue ratificada y supuso un duro golpe en aquellos grupos que buscaban reparaciones respecto del pasado reciente.

40 Ver Op.Cit. Dutrénit Bielous, Silvia. El Uruguay del exilio.

41 Canelones, es el departamento que linda con Montevideo, donde se ubica la capital del país.

42 Esta última frase hace referencia a la pronunciada por Artigas, prócer de la independencia de Uruguay, al ganar la Batalla de las Piedras, primera gran victoria contra los españoles, el 18 de mayo de 1811, al término de la cual pidió clemencia para los vencidos y que se atendiera a los heridos.

43 Un repaso a la teoría de los dos demonios de Carlos Demasi en: Marchesi Aldo, Markarián, Vania, Rico, Álvaro, Yaffé, Jaime (compiladores). El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a treinta años del golpe de estado en Uruguay., Capítulo 1, p. 67-74. Trilce. Mdeo. 2003.

44 En el caso uruguayo, la doctrina se ve consagrada en la Ley de Seguridad, votada antes del quiebre institucional. Para ver la incidencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en Uruguay y otros países se puede leer entre otros: Robin, Marie Monique, Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2005. Fernández, Wilson. El gran culpable. La responsabilidad de los EEUU en el proceso militar uruguayo, Atenera, Montevideo, 1987.

45 Junta de Comandantes en Jefe, De la subversión a la paz. Las fuerzas armadas al pueblo oriental,Tomo I La Subversión, p. 11, Montevideo, Junio de 1976.

46 Algunos antiguos miembros del MNL-T comparten esta visión ya que entienden que ellos lucharon en una guerra y la perdieron. Esta postura genera mucha controversia en el seno de la izquierda uruguaya ya que el Movimiento de Participación Popular (MPP), integrado por ex guerrilleros tupamaros, forma parte de la coalición de izquierdas que gobierna el país desde 2005.

47 Por esta ley, el Estado uruguayo será condenado en la sentencia del 24 de febrero de 2011 (Caso Gelman vs. el Estado uruguayo) por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ratificación de los convenios internacionales de Derechos Humanos dista, al día de hoy, de una aplicación efectiva y sigue generando reclamos y divergencias.

48 Carlos Julio Pereyra, senador del partido Nacional, Aquí 23 de diciembre de 1986

49 Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se consolida en el año 1983 a partir de la unión de tres vertientes de familiares de desaparecidos: Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE), fundada en Europa por exiliados, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977 y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982.

50 La Hora, viernes 12 de diciembre de 1986, p. 12.

51 Luis Alberto Lacalle del partido Nacional. Opinar, 28 de febrero de 1985, p. 7.

52 A pesar de que la ley logra el silenciamiento interno, la labor de Madres y familiares se va a concentrar en contribuir a la creación en el Derecho Internacional de la figura del detenido-desaparecido. La desaparición forzada no fue considerada un crimen contra la humanidad hasta la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992 y la aprobación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994.

53 Informe Final de la Comisión para la Paz, 10 de abril de 2003. http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/Uruguay-Report_Informal.pdf

54 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman contra Uruguay. Sentencia del 24 de febrero de 2011. Ver nota nº47.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Magdalena Schelotto, « La dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985): la construcción de la noción de víctima y la figura del exiliado en el Uruguay post-dictatorial », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 10 mars 2015, consulté le 24 septembre 2017. URL : http://nuevomundo.revues.org/67888 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.67888

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Auteur

Magdalena Schelotto

Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de Cultura y Tecnología
magda.schelotto@gmail.com

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